Cuando Felipe Calderón presentó su proyecto para los tres últimos años de su sexenio el pasado 2 de septiembre, el anuncio presagiaba golpes de timón que tratarían de romper con la inercia paralizante de esta década. Al liquidar Luz y Fuerza del Centro, en una maniobra política bien planeada y ejecutada, consiguió demostrar capacidad de maniobra y la decisión de romper al menos con uno de los vestigios del pasado priísta. La siguiente jugada era la de acabar con el mito del Impuesto al Valor Agregado como un gravamen injusto e incapaz de redistribuir ingreso. La propuesta de una contribución para el combate a la pobreza de 2% aplicada a todos los productos y servicios iba en ese sentido.

Pero si la toma de la compañía de Luz y su traspaso a CFE se llevaron a cabo con la eficiencia requerida, desarmando cualquier posibilidad de resistencia efectiva por parte del sindicato, la negociación de la ley de ingresos con diputados y senadores se convirtió en otro fracaso más en la estrategia fiscal del gobierno. Planteada como no negociable y sin un plan B en puerta, el inicio de lo que pudo haber sido el primer cambio estructural en una década se convirtió en un fiasco político y económico. Los senadores priístas y panistas, junto con la Secretaría de Hacienda y el presidente panista César Nava, generaron un lamentable espectáculo de negligencia legislativa.

Las divisiones al interior del PRI y el PAN, ocasionadas por disputas de liderazgo en el caso priísta entre Paredes, Beltrones y los gobernadores, y en los panistas, por la absoluta falta de comunicación entre los legisladores y una Secretaría de Hacienda más interesada en convencer y complacer a priístas que en dialogar con senadores blanquiazules, a los que consideró como sus subordinados a los que podía ordenarles cómo votar. Y para aumentar el conflicto, el presidente Calderón decidió poner a los grandes consorcios en la silla de los acusados.

En un intento por equilibrar el marcador entre trabajadores y empresarios después de la desaparición de Luz y Fuerza, el Ejecutivo optó por leerles la cartilla a los beneficiarios de la consolidación fiscal, como si estas disposiciones fueran ilegítimas a pesar de haber sido avaladas en el pasado por el Congreso. Después de choques y aclaraciones entre las partes, el resultado fue la aprobación de un paquete fiscal mediocre y sin el compromiso de plantear una reforma profunda para el próximo año. De la luz en la energía a la oscuridad en los impuestos, así fue la historia.

Académico de la UNAM por 22 años, periodista en medios escritos y electrónicos. Conduce la tercera emisión de “Noticias MVS”, y los programas de televisión “Dinero y Poder” y “La Ciudad de Todos en Canal 11.

Comentarista de temas políticos nacionales e internacionales, colabora en la revista “Poder y Negocios”