La expectativa habla de la promoción de un punto de acuerdo para exigir mantener vivo el litigio derivado de lo que se califica de despido ilegal de Ángel Alvarado Agüero, quien llegó a tener nivel de director en la firma, tras 16 años de servicio.
El eje de la disputa se ubica en la negativa de la multinacional en reconocer al quejoso como subordinado, remitiéndolo a una firma de subcontratación de razón social Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia.
Alvarado, pues, no tenía derecho a las prestaciones de la empresa como tal, dado que su contrato estaba suscrito por la outsourcing.
Qué importa si en el camino de más de dos años de lucha el ex ejecutivo haya demostrado haber recibido cheques de compensación por parte de The Coca-Cola Export Corporation, con sede central en Atlanta, Estados Unidos.
Qué importa, incluso, si se demostró que fue la propia firma la que integró la outsourcing, en afán, naturalmente, de evadir una relación laboral directa… y prestaciones al calce.
Más aún, existen evidencias plenas de ligas entre The Coca-Cola Company, The Coca-Cola Export Corporation y The Coca-Cola Export Corporation México.
El caso es que, desatado el escándalo, el denunciante sería recibido por el entonces secretario particular del titular del Trabajo y Previsión Social, Arturo Rodarte, quien envió el expediente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje… concretamente a la Junta Especial 16, que decidió cerrarlo sin más. En el camino se acusó a Alvarado Agüero de “chantajista”, “vividor”, de recibir asesoría de mala fe y aun de “mitómano profesional”, además de señalar que su despido fue por violar códigos de ética de la multinacional, a la cual le ha causado quebrantos sin fin.
Lo cierto es que el asunto ha sido analizado, a manera de advertencia para sus clientes, por diversos despachos jurídicos, como representativo de hasta dónde puede estirarse la liga.
Uno de ellos, Corposiure International Asocciated Firms, con domicilio en la Torre del World Trade Center México, ejemplifica el asunto como emblemático de las repercusiones que puede tener en nuestros tribunales y en general en la actividad económica del país.
“Se trata —dice letra por letra el Estudio sobre la viabilidad jurídica del pago de trabajadores por conducto de una empresa pagadora”— de un caso laboral que inició un alto ejecutivo de Coca Cola Export Corporation, quien al ser despedido denunció una simulación de la empresa frente a sus trabajadores, pretendiendo que el patrón verdadero sea una sociedad creada por la misma, denominada Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia.
“Dicha sociedad —agrega— es utilizada para evitar pagar el PTU (reparto de utilidades a los trabajadores), salarios y demás prestaciones que por ley corresponden a los empleados, es decir que la única actividad de ésta es servir como empresa pagadora”.
El documento advierte, citando fuentes periodísticas, que el caso podría derivar en una contingencia para la firma de aproximadamente 195 millones de dólares, “y posiblemente otra adicional, ya que los trabajadores que continúan prestando sus servicios para Coca-Cola Export Corporation podrían demandar el reparto de utilidades que les corresponde por todos los años de trabajo”.
El razonamiento alude a que, de acuerdo con el último párrafo del artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, el monto de reparto de utilidades que no haya sido liquidado a los trabajadores en años anteriores debe acumularse, interpretándose, además, que éste no prescribe mientras un trabajador siga en la compañía.
En caso contrario, la ley le otorga un plazo equivalente a 365 días para reclamar.
Más aún “desde un punto de vista fiscal, se tomará como solidariamente responsable a la firma, ya que la verdadera utilidad generada por éste será lo que se tome en cuenta para condenarla a pagar el PTU y demás prestaciones que por ley le corresponden a sus trabajadores”.
El despacho remata señalando que “desde un punto de vista penal podría decirse que se ha venido cometiendo un delito de fraude, derivado de la simulación perpetrada en contra de los intereses de los trabajadores y el fisco”.
¡Pácatelas!
Por lo pronto, la Barra de Abogados de Campeche realiza un estudio desde el punto de vista laboral, fiscal y penal del outsourcing a la luz del caso Alvarado Agüero.
El escándalo, pues, sigue vivo.
Balance general
A contrapelo del optimismo de los panistas, quienes retaron al resto de la bancada a votar a favor del recurso bajo el clásico “el que-nada-debe-nada-teme”, lo cierto es que un primer sondeo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señala que sí hay sustancia en la controversia constitucional planteada por el Senado de la República contra la inacción del gobierno en el caso Banamex. Estamos hablando de la participación de la Casa Blanca en el capital de su matriz, el Citigroup de Estados Unidos, en un porcentaje que alcanza 36% del capital, lo que le da nivel mayoritario.
El punto fino del asunto es si los compromisos pactados en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte se consideran realmente ley suprema, es decir, están por encima de disposiciones legales vigentes en el país, en este caso la Ley de Instituciones de Crédito.
Cierran la llave
¿Se acuerda usted del escándalo que provocó Purificación Carpinteyro a su paso como directora del Servicio Postal Mexicano, al balconear nombres, pelos y señales de legisladores que abusaban de la franquicia postal enviando miles de cartas a la población?
¿Se acuerda que a uno de ellos se le acusó de enviar 5 millones de misivas para promover sus posibilidades como candidato a gobernador de su entidad federativa?
Bien, pues la noticia es que la prerrogativa se acabó por disposición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El sainete, sin embargo, no se ha agotado, dado que ahora la nueva administración de la instancia conocida hoy como Correos de México va por el Poder Judicial, en un marco en que miles y miles de avisos, edictos y demás etcéteras se envían bajo la franquicia… es decir sin cargo a su presupuesto.
Otra de Tomza
Quien acaba de abrir una terminal marítima en Tuxpan, Veracruz, con seis colosales esferas para almacenamiento de gas LP es la empresa Tomza de Tomás y Enrique Zaragoza, pese a las protestas de grupos ecologistas.
La idea, al parecer, es surtir desde ahí al valle de México, lo que pareciera tentar al diablo, dado lo sinuoso de la carretera.
Lo extraño del caso es que existen almacenes en la zona de Tepeji del Río que podrían cubrir sin problemas la tarea.
Y lo curioso, además, es que en Veracruz existe la posibilidad de descarga del combustible que transportan barcos venezolanos, cuyo costo equivale a 60% del producido por Pemex.
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