Se cuenta esto: Que el gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, ha hecho todo lo posible para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no intervenga en el caso de Yasuri Sac-Nicté Pool Mayorga, la mexicana de origen maya de 22 años que perdió a su hijo en un parto prematuro y que paga con prisión tal osadía. La Procuraduría de Justicia local la acusa de aborto, es decir, de homicidio doloso calificado, que en ese estado, gracias a las últimas reformas al Código Penal, se paga con 30 años de cárcel. Una ley que el gobernador impuso para congraciarse con su obispo. El drama de la señora Yasuri Sac-Nicté, quien tiene dos hijos pequeños, se inició en el pueblo rural de Sabidos, municipio de Othón P. Blanco. El Ministerio Público que, como en muchos estados depende del Ejecutivo, está segurísimo de que la indígena cometió homicidio. Y la Comisión de Derechos Humanos, que se supone es independiente, también: ni las manos ha metido. Lástima que el señor José Luis Soberanes, quien dirigió la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ahora quiere ser ministro de la Supera Corte, ya no pueda intervenir. Habría reconfirmado el daño que hizo en esta materia durante sus 10 años como ombudsman, una década en la que defendió que las leyes mexicanas castiguen a las mujeres.

Apunte final: Carlos Pascual, embajador de Estados Unidos en México, presentará este miércoles su carta diplomática ante el presidente Felipe Calderón en una ceremonia protocolaria en Palacio Nacional. Será sólo un trámite: desde que llegó a México acompañado del presidente Barack Obama, trabaja activamente en el país. La ceremonia busca reconfirmar que hay una nueva era en las relaciones bilaterales. III ¿Van contra los líderes del SME?

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