Ulises Ruiz ha violado grave y reiteradamente los derechos humanos durante su gobierno. Sus víctimas y amplios sectores de Oaxaca y del país entero lo sabían desde hace tiempo pero hoy es verdad jurídica por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La máxima instancia judicial responsabiliza también a quienes en diversos momentos fueron jefes policiacos del gobernador oaxaqueño, José Manuel Vera Salinas y Manuel Moreno Rivas, dos ex marinos agentes del Cisen que operaron bajo las órdenes del ex secretario general de gobierno y hoy diputado federal y presidente del PRI en Oaxaca, Jorge Franco, quien inexplicablemente salió limpio de la investigación. Pero esa es tan sólo una de las insuficiencias del fallo de la Corte. Otra tiene que ver con la prácticamente insostenible exoneración de Vicente Fox y de Felipe Calderón, y una más con los alcances del fallo mismo. Hay muchas evidencias de que por acción y omisión Ulises Ruiz violentó las garantías individuales de quienes participaron en las protestas sociales de 2006 y 2007, con decisiones tendientes a reprimirlas masiva y violentamente en un primer momento, y con estrategias de persecución y desaparición selectiva en un segundo tiempo. El conflicto, sin embargo, involucró desde un principio al ámbito federal, ya que en éste tenían que autorizar los recursos que demandaban los maestros inconformes. Además, en los momentos más álgidos de la crisis, fueron fuerzas federales las que disolvieron las protestas a garrote limpio. La orden de que así fuera provino, en una primea embestida, de Vicente Fox y su entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora; y en una segunda de Felipe Calderón y su secretario de Seguridad, Genaro García Luna. Pero el fallo de la Corte los exoneró igual que a Ardelio Vargas, jefe de las fuerzas federales de apoyo durante el operativo Oaxaca y hoy diputado federal priísta y presidente de la poderosa Comisión de la Defensa Nacional. En cuanto a los alcances del fallo de la Corte no hay que olvidar que éste no lleva implícito un castigo o sanción, según se deriva del artículo 97 de la Constitución. Sólo es una opinión no vinculante que resulta de la averiguación de hechos y que se hace del conocimiento de autoridades que podrían iniciar los procedimientos judiciales correspondientes. Para el común de la gente resulta incompresible que la Corte diga que alguien es culpable pero no lo castigue, lo que mete en graves aprietos su ya de por sí maltrecha credibilidad, aunque, es cierto, esté actuando conforme lo establece la Constitución. Después de un fallo de esa naturaleza, un inculpado renunciaría en cualquier país verdaderamente democrático sabedor que gobernar en tales condiciones de desprestigio sería más que imposible. Pero Ulises Ruiz no lo hará. Ya dijo este fin de semana con toda la soberbia que lo caracteriza que fue electo para gobernar seis años y que no renunciará. Lo que sigue, entonces, es que el Poder Legislativo promueva juicio político contra el mandatario oaxaqueño. Una de las razones por las que se puede promover ese procedimiento es la violación grave de los derechos humanos y Ruiz, según la Corte, los violó. El procedimiento bien podría prosperar en la Cámara de Diputados ahora que se debilita el respaldo que le ha dado el PRI porque Ulises no ha tenido empacho en traicionar a poderosas figuras del tricolor, incluidos el senador Manlio Fabio Beltrones y el ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Pero el procedimiento de juicio político tarde o temprano tiene que pasar por el Congreso local, donde el gobernador de Oaxaca tiene el control y donde todo podría quedar atorado. Acaso fuera la presión del gobierno federal lo único que podría tirar al desprestigiado gobernador oaxaqueño e impedirle culminar su mandato el 1 de diciembre de 2010. Felipe Calderón es otro de los traicionados por Ulises, pues recuérdese que en público le ofreció todo su apoyo a la reforma energética y en los hechos no se lo dio. |