No caeré en la inútil discusión sobre el número de manifestantes que reclamaron ayer al gobierno de Felipe Calderón haber echado a la calle a 45 mil trabajadores electricistas y a 15 mil empleados de confianza de Luz y Fuerza del Centro. Sólo consignaré que cuando el Zócalo se colmaba, todavía salían del Ángel contingentes que avanzaban por los carriles centrales de Reforma, avenida Juárez y Madero, con dirección al Centro Histórico. A los escribanos del régimen no les faltarán pretextos ni recursos propagandísticos para minimizar el tamaño y los significados de esta expresión de inconformidad social. Lo que parece no estar sujeto a duda es que, desde las elecciones presidenciales de 2006, están confrontados dos proyecto de país. La disolución de LyFC y la del Sindicato Mexicano de Electricistas decretada por Calderón, los enfrenta nuevamente. Según la encuesta publicada el miércoles pasado por EL UNIVERSAL, 48% de los consultados está a favor de la medida y 43% en contra. La decisión se ha mostrado en la mayoría de los medios de comunicación como correcta, valiente, legitimadora. En la encuesta de marras, sin embargo, 41% considera que mejoró la imagen de Calderón, mientras 39% cree que empeoró. Quienes protestan no defienden la ineficiencia ni los supuestos privilegios de la élite obrera. Saben que Luz y Fuerza es una empresa onerosa e ineficiente pero no por las prestaciones conquistadas por sus trabajadores, sino por una deliberada política de abandono gubernamental (desde que llegó al poder el grupo neoliberal) que ya alcanzó su muchas veces pospuesto objetivo de extinguirla. Quienes protestan están furiosos por la traicionera manera en que procedió el gobierno de Calderón, primero entrometiéndose en un conflicto intersindical que él mismo atizó y, después, ocupando las instalaciones de la paraestatal con la Policía Federal, sin orden judicial y horas antes de que publicara el decreto de extinción en pleno fin de semana. Una especie de agandalle cuyas consecuencias quién sabe qué tanto y qué tan bien fueron calculadas. Quienes tomaron la decisión son los que están convencidos desde su ideología (concepto que por cierto dicen despreciar) que la disolución de organizaciones como el SME debe ser parte sustancial de su reforma laboral porque crean pasivos laborales ineficientes, porque creen más en la caridad que en la solidaridad para enfrentar la pobreza, desprecian el esfuerzo colectivo y privilegian el individual, repudian el sindicalismo porque creen que es refugio de zánganos y de nacos, sin darse cuenta que al hacerlo, lo único que consiguen es encender el motor que históricamente ha dado lugar a los cambios socioeconómicos radicales, el de la lucha de clases. Quienes la apoyan creen, ingenuamente, que de esta manera mejorará y acaso se abaratará un servicio, expectativas que sólo son la coartada de los que decidieron disolver sindicatos incómodos a los que califican de corruptos, extinguen cuanta empresa pública pueden, porque asumen, casi por dogma, que son ineficientes, cuando en realidad lo hacen para transferir jugosos negocios a los capitales privados que los respaldan en el poder político, motor ese, el del negocio particular con recursos públicos, de su proclividad a la privatización de actividades económicas que, por ley, son consideradas patrimonio nacional. En este caso, aquí lo hemos dicho, el gran negocio está en la operación de una nada despreciable red de fibra óptica, asunto del que seguiremos comentando. Instantánea 1. CONTROVERSIA. Marcelo Ebrard dice que su gobierno analiza la posibilidad de ser el que presente ante la Corte la controversia constitucional por el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. La Cámara de Diputados, sin embargo, reactivará el lunes el procedimiento para hacerlo. |