Los primeros actos de sabotaje causaron coraje y decepción en numerosos núcleos del Distrito Federal y el estado de México, donde se registraron apagones. Esta crisis se prolongará porque pocos de los 44 mil miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) aceptan las liquidaciones ofrecidas por el gobierno calderonista. Sin personal suficiente y capacitado para atender los cortes deliberados de energía y las fallas “normales” de instalaciones obsoletas del sistema, la Comisión Federal de Electricidad es incapaz de resolver el problema derivado de corrupción y excesivas prestaciones. En el cruce de acusaciones, el Presidente aseguró que su decisión de desaparecer a Luz y Fuerza del Centro fue “difícil, pero correcta”. Y de nuevo enarboló la bandera de los pobres. Según dijo, prefiere destinar a ellos 25 millones de pesos y no a los electricistas. El presidente endurece su posición y afirmó que con los 42 mil millones entregados a los integrantes del SME pudo construir 90 hospitales como el inaugurado en Puebla, el martes. En respuesta a las arremetidas oficiales, la dirigencia laboral encabezada por Martín Esparza culpa al gobierno de la quiebra de Luz y Fuerza, porque todas las dependencias del régimen federal no pagan el fluido eléctrico. Esparza y sus seguidores se quejan de persecuciones de agentes de la Policía Federal y de la Secretaría de Gobernación, incluso para obligar a algunos trabajadores a que restituyan el servicio eléctrico en lugares donde ocurrieron apagones. Según el SME, numerosos domicilios fueron allanados por agentes federales que pretenden obligar a los trabajadores a aceptar sus liquidaciones y se recontraten en la CFE. Esto advierte que el calderonismo no estaba preparado para liquidar de golpe y porrazo a Luz y Fuerza, porque los sindicalizados no iban a aceptar los pagos de retiro al momento, ni el gobierno dispone de personal capacitado que garantice el servicio. Además, Calderón carece de operadores eficientes. Su secretaria de Energía, Georgina Kessel, no tiene idea de que hacer en esa dependencia. Según dijo el martes pasado, sería creada otra paraestatal para sustituir a la desaparecida. Esto hizo pensar en la privatización eléctrica y provocó fuertes reacciones contra el gobierno. Por la tarde fue desmentida Kessel, cuyo mérito para ocupar su posición actual es haber sido maestra del presidente Felipe Calderón. Mal le va al secretario del Trabajo, Javier Lozano, quien canceló su comparecencia ante comisiones en la Cámara de Diputados “por causas de fuerza mayor”. Por supuesto, el funcionario que durante tres años ha perseguido al líder minero Napoleón Gómez Urrutia no registra padecimientos como para rehuir a los legisladores, pero en San Lázaro escucharía el griterío de los electricistas. El diputado sonorense Samuel Moreno advierte que debido a los manejos del calderonismo en la industria minera, Cananea suspendió 40% de la producción nacional de cobre y el Grupo México de Jorge Larrea dejó de pagar 5 mil millones de pesos a los trabajadores. Debido a ello en 27 meses de huelga nuestro país adquirió en el extranjero ese metal a un costo de 21 mil millones de pesos. El presidente Calderón afirmó ayer que no atenta contra la vida sindical y respeta su autonomía, pero esto es diametralmente opuesto a las acciones de Javier lozano. |