Con esta coloquial expresión de nuestro lenguaje cotidiano, hoy convertida en grito de batalla, los enardecidos electricistas de la extinguida Luz y Fuerza del Centro (LyFC) han respondido a los señalamientos que sus líderes hacen respecto a las verdaderas razones por las que el gobierno de Felipe Calderón acabó con sus fuentes de trabajo y, de un plumazo, echó a la calle a 45 mil trabajadores. Ellos, según Calderón, son los principales responsables de la debacle financiera de la paraestatal. Dijo en la cadena nacional de radio y TV que ordenó el domingo que de los 42 mil millones de pesos que el gobierno le transfería cada año, “la mayor parte iban a pagar privilegios y prestaciones onerosas de carácter laboral”, lo que me parece una exageración, o de plano una mentira. La mitad de esa transferencia anual, es decir, 20 mil millones de pesos, es lo que estiman costará la liquidación de los trabajadores. Esto no sólo incluye lo que marca la ley sino un bono adicional que el gobierno plantea como generoso para totalizar dos años y medio de salarios. En promedio no les tocaría ni medio millón de pesos a cada uno, luego entonces, según esas cantidades, la carga laboral no es tan pesada como se quiere hacer creer. Es más, parece una especie de soborno para acallar el malestar de los electricistas. Dice el decreto liquidador de LyFC que la paraestatal tenía pérdidas anuales de más del 30% de la energía que distribuía de lo que, insiste, responsabiliza a la falta de productividad de los trabajadores. No considera que muchas de esas pérdidas tienen que ver con verdaderos subsidios a la pobreza, y mucho menos que dependencias del gobierno federal, incluida la residencia oficial de Los Pinos, tienen tomas directas de luz, clandestinas la mayoría, vamos, que se roban la luz, según denuncia del sindicato que asegura que lo mismo ocurre con otros consumidores particulares como la Torre Mayor de Reforma o varios hoteles de la Zona Rosa y Polanco. Por otro lado están los no tan mal vistos subsidios a las empresas. Los grupos industriales que operan en el centro del país, por ejemplo, pagan una tarifa de 46 centavos el kilovatio-hora, cuando un consumidor como usted o como yo pagamos un peso con 50 centavos. Por si eso fuera poco, los industriales pueden deducir de impuestos sus pagos de energía. Nada de lo dicho en este sentido por el SME había sido desmentido por los señalados hasta el momento en que se escribió esta columna, y aquí opera aquello de que el que calla, otorga. Instantáneas 1. CONTROVERSIA. Lo que ayer rechazó el pleno de la Cámara de Diputados fue darle trámite urgente a la solicitud que hizo el petista Jaime Cárdenas para que el presidente de esa legislatura, el panista Francisco Ramírez Acuña, promueva ante la Corte una controversia constitucional contra el decreto de extinción de LyFC. No se votó el fondo del asunto. La solicitud fue turnada a la Junta de Coordinación Política para su análisis y discusión. De cualquier manera, la tramitación de la controversia que promueven el PRD y el PT a petición del sindicato de electricistas, requerirá el apoyo del PRI. Hasta ahora se ha impuesto la posición de rechazo del senador Manlio Fabio Beltrones sobre la del eventual apoyo que ofreció el diputado Francisco Rojas. La presidenta del tricolor, Beatriz Paredes, no se ha pronunciado al respecto, quizás todavía afectada por sus problemas cardiacos. 2. OAXACA. Las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión de 2006 y 2007 en ese estado dividen a los ministros de la Corte. Ayer inició el pleno la discusión. Participaron cuatro ministros. El ponente, Mariano Azuela, rechaza que el ex presidente Vicente Fox y el gobernador Ulises Ruiz sean responsables de dichas violaciones. Los ministros José Gudiño Pelayo y José Ramón Cosío consideran que sí lo son. Y el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano dice que los responsables fueron los militantes de la APPO. A ver qué dicen los siete restantes. |
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