Y faltaría considerar el costo por ineficiencia que Luz y Fuerza nos ha trasladado a los usuarios.

Aunque Luz y Fuerza debió desaparecer desde los años 70, el conflicto de esa década al interior del sindicato de electricistas impidió concretar la decisión. Después, en los 80, cuando cientos de empresas de gobierno desaparecieron precisamente por su elevado costo, Luz y Fuerza logró sobrevivir gracias, en buena medida, a la alianza que estableció con Carlos Salinas en su camino a la Presidencia. Después, ni Luis Ernesto Zedillo ni Vicente Fox encontraron el momento y el ánimo adecuado para terminar con este pozo sin fondo.

Esta columna apoya sin lugar a dudas esta decisión del gobierno mexicano. Para tener una idea de lo que ésta significa, en términos estrictamente financieros, observe usted que la liquidación que se ha ofrecido a los trabajadores de la empresa, sumamente generosa, alcanza 20 mil millones de pesos, mientras que si la empresa siguiera funcionado, el año próximo nos hubiese costado 45 mil millones. Parece increíble, pero cerrando la empresa y liquidando con toda generosidad, el país acaba ganando dinero. Así de grave estaba la situación en esa empresa.

La decisión que por fin se ha tomado es histórica. Supera por mucho aquellas que a Carlos Salinas le fueron muy celebradas. No se trata de un “quinazo”, en donde el gobierno enfrenta a un grupo de poder en un sindicato sólo para sustituirlo por otro igual, pero más cercano al poderoso. Hoy se trata de corregir un problema relevante para el país aún teniendo enfrente a un grupo sindical muy poderoso. Es un cambio histórico.

Se han opuesto con claridad a esta decisión diversos actores políticos, todos en esa parte del espectro que en México llamamos izquierda, aunque cada vez lo parezca menos. Principalmente ese grupo que se ha coagulado alrededor de López Obrador, que sigue buscando cualquier oportunidad para desestabilizar. Los argumentos van desde una imaginada privatización hasta el incremento del desempleo que significa el cierre de Luz y Fuerza. No hay sorpresas.

Luz y Fuerza era un caso extremo de captura del Estado, pero no el único, ni mucho menos. México se construyó, en el siglo XX, mediante una relación que hoy llamaríamos de corrupción entre diversos grupos de interés y el Estado. En la misma esfera sindical, los petroleros y los maestros son dos ejemplos más, pero no iguales. En la campesina, la CNC continúa extrayendo recursos del presupuesto para el campo que, de haber llegado alguna vez a manos de los campesinos, habrían dejado la pobreza hace décadas. En el ámbito empresarial, las permanentes presiones de los grandes empresarios, todos ellos construidos desde el Estado. En el académico, las inmensas y poco productivas universidades públicas. Y no hay que olvidar los medios de comunicación. La economía mexicana es, en realidad, lo que los investigadores llaman “capitalismo de compadrazgo,” un esquema construido no para generar riqueza, sino para redistribuir rentas, de todos los que no estamos organizados a quienes sí lo están. Por eso la decisión del gobierno es histórica.

No quiero decir, en el párrafo anterior, que el gobierno vaya ahora a cerrar Pemex, o a enfrentar al SNTE, o a liquidar su relación con empresarios, las universidades o los medios de comunicación. El Estado es, a fin de cuentas, un arreglo institucional que depende de los equilibrios políticos, y no hay equilibrio cuando uno se pelea con todos. No se trata de eso, pero la decisión sí marca un límite relevante. No debería sorprenderme, pero sí lo estoy, frente a la capacidad de muchos colegas para mantener su predilección por el aplauso fácil y la frase políticamente correcta. No les ha sido difícil criticar la decisión gubernamental argumentando que el gobierno golpea a un sindicato pero mantiene cercanía con otros, también corporativos. Ni les ha costado mayor trabajo explicar la decisión como un ataque a fuerzas políticas asociadas al SME. Entiendo ahora que nunca podrán desatar los nudos que en su mente construyó el nacionalismo revolucionario y el izquierdismo barato, y por lo tanto no habrá jamás decisión que les acomode, si no la toma alguien que desde un principio haya coincidido con ellos.

Gran virtud es que hoy tengamos esta libertad que nos permite a todos expresar nuestras ideas. Libertad que hay que defender siempre, porque no es gratuita. Es de la mayor importancia que podamos tener opiniones diferentes, no sólo ante los hechos de la vida social, sino ante las posturas que tomamos, cada uno de nosotros. No sólo hay que construir nuestras opiniones, sino también hay que enfrentarlas permanentemente con la realidad. Se hace historia en México en estos días. Cerramos, como le había comentado en fechas anteriores, un ciclo de 45 años iniciado a mediados de los 60 cuando el régimen corporativo, habiendo agotado la dotación de tierra y capital disponible en México, empezó a devorar al país. Fue tan largo este tiempo porque el petróleo lo permitió.

Ya no hay más, hay que cambiar. Y todo cambio es difícil, porque exige primero comprender la diferencia entre la realidad y lo que imaginamos acerca de ella. Vamos cambiando. No todos, no al mismo tiempo, no con el mismo ánimo. Vamos cambiando.

Doctor en Administración, candidato a doctor en Historia. Es profesor en la división de Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey. Ha publicado 15 libros, el más reciente: "Cien años de Confusión. México en el siglo XX", con Taurus. Su columna consiste en análisis sencillos de fenómenos económicos y financieros.