Es irrebatible que Luz y Fuerza del Centro es una empresa pública ineficiente y mal administrada lo que, en todo caso, es culpa de los funcionarios designados por el gobierno para dirigirla, no de los trabajadores. Éstos, a través del Sindicato Mexicano de Electricistas (organización cuyos líderes, al igual que los de casi todos los grandes sindicatos del país, no son ajenos a la corrupción), firmaron un contrato colectivo de trabajo que les permite recibir salarios que duplican los de otros que realizan funciones más o menos similares. Extender a la mayoría de los obreros ese nivel salarial debería ser una aspiración nacional y no uno de los equivocados argumentos de una estrategia gubernamental dirigida a hacernos creer que el servicio que da LyFC es pésimo por los supuestamente onerosos beneficios sindicales conquistados por sus trabajadores.

La referida estrategia gubernamental busca también capitalizar la furia del consumidor agraviado, atizar la envidia de obreros mal pagados, que son la mayoría; y hacernos creer que esos “privilegios” laborales nos cuestan a los contribuyentes 40 mil millones de pesos al año lo que, planteado así, es absolutamente falso.

LyFC le compra energía eléctrica a la CFE para distribuirla en los estados del centro del país, tiene más de 6 millones 250 mil usuarios con una facturación anual de 55 mil millones de pesos y, en efecto, un subsidio presupuestal de 40 mil millones de pesos.

Pero, ¿el dinero del subsidio se gasta íntegramente en prestaciones laborales, pago de pensiones de jubilados muy jóvenes o transferencia de cuotas sindicales? Ni la empresa ni el gobierno federal han dado a conocer información financiera que así lo avale. ¿Acaso esos 40 mil millones de pesos constituyen el monto total de las pérdidas de LyFC? Definitivamente no, porque mucho de ese dinero es un verdadero subsidio a la pobreza.

¿Cuánto de ese total, por ejemplo, corresponde a la luz robada a través de diablitos en las colonias populares marginadas o cuánto se va en tianguis y mercados sobre ruedas que se instalan en centros urbanos? ¿Se ha preguntado usted qué proporción del total de la energía que distribuye LyFC consume el Metro? Esa energía se vende subsidiada al STC para que el boleto pueda seguir costándonos dos pesos.

No se olvide, en el caso de la zona metropolitana del Distrito Federal, que LyFC surge en tiempos en que la capital del país era administrada por el gobierno federal, al que subsidiaba en sus consumos como lo sigue haciendo en la actualidad.

De los famosos 40 mil millones de pesos no todo puede ser pérdida y mucho menos el costo total de corruptelas sindicales o conquistas laborales que sólo absorben parte de ese dinero. La mayoría es un subsidio real a la pobreza y parte de una masa de 100 mil millones de pesos anuales (agregada la facturación), cantidad que dimensiona la muy ambicionada fuente de ingresos por un servicio imprescindible, con gran potencial de crecimiento, al que pueden agregarse otras líneas de negocio, como la fibra óptica, y que quiere para sí el capital privado.

No es la intención de estas líneas defender ineficacia y corrupción. Éstas, en cualquier escenario, deben erradicarse. Se trata de hacer notar el objetivo de fondo del gobierno respecto a LyFC y el SME, que tiene que ver con la ambición de poderosos intereses económicos que abanderan Felipe Calderón y su secretario Javier Lozano.

Negar la toma de nota al dirigente Martín Esparza fue, en opinión de abogados laborales, un recurso administrativo que no tiene la suficiente fuerza para dejar sin dirigencia a un gremio y, justificar así, como hizo Lozano, el congelamiento de la transferencia de cuotas sindicales. Esparza está impugnado por un contrincante pero sigue siendo el secretario general porque la validez de su elección aún no ha sido resuelta por la autoridad competente, que es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Por lo tanto, el secretario del Trabajo y LyFC han violado el contrato colectivo del SME y por eso éste puede emplazar a la huelga, recurso absolutamente legal. Pero cuidado, ahí está la trampa. Eso es lo que quiere el bravucón de Lozano para que, en medio de una aprobación pública producto del enojo de los consumidores, el gobierno intervenga la empresa con el pretexto de garantizar un servicio público estratégico, inicie su liquidación (y con ella la del SME) y abra la puerta de este gran negocio a quienes instalaron a Calderón en Los Pinos.

Licenciado en Comunicación por la UNAM con 33 años de ejercicio periodístico en prensa, radio y televisión. Corresponsal de guerra en Centroamérica y enviado especial a la invasión soviética a Afganistán y la primera guerra del Golfo Pérsico. Conductor del noticiario Siete Días de Canal 13-Imevisión y director de noticiarios de Televisión Azteca.

Columnista político de El Gráfico desde el 27 de marzo de 2006. Actualmente es el coordinador de información de El Noticiero con Joaquín López Dóriga de Televisa.

También dirige y conduce el programa De Grillas y Reporteros que se transmite de lunes a viernes en Radio 620 de la cadena RASA. Ganador en dos ocasiones del premio nacional de periodismo.