Todos los gobiernos neoliberales, desde el de Miguel de la Madrid hasta el actual de Felipe Calderón han avanzado paso a paso en la privatización del servicio de suministro de energía eléctrica aunque una de sus metas, hasta ahora incumplidas, ha sido la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

Las diversas intentonas siempre han echado mano del argumento de que se trata de una empresa pública obsoleta, improductiva e ineficiente, sobre todo por los beneficios que durante los últimos años le han arrancado sus trabajadores a través del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Es innegable que el servicio es muy malo y que sus trabajadores ganan el doble o el triple que cualesquiera otros que se desempeñan en funciones similares, lo que siendo una aberración para los criterios de eficiencia de los tecnócratas en el poder (y acaso expresión de un corrupto cacicazgo sindical), es una conquista laboral irrenunciable para sus agremiados.

No cabe duda que esa carga laboral impacta las finanzas de LyFC, pero tampoco puede negarse que, en este ciclo neoliberal, se escatimaron inversiones modernizadoras no por falta de recursos públicos (que sobraron, por ejemplo, durante el gobierno de Fox) sino por la deliberada intención, muy cargada de ideología, de quebrarla para privatizar el servicio.

Al analizar el conflicto que empezó a escalar este lunes entre el gobierno federal y el SME con el desconocimiento oficial al dirigente Martín Esparza Flores por lo que se argumenta fue una elección fraudulenta, no hay que perder de vista el contexto referido y, dentro de él, la disputa por un multimillonario negocio muy en boga en estos tiempos de la tecnología digital, el del llamado triple play, término beisbolero que se refiere a una sola jugada en la que se consuman tres outs, y que en este caso significa la posibilidad de transmitir en una sola plataforma voz (telefonía), datos (internet) y video (televisión).

En ese negocio está el futuro de televisoras y telefónicas mediante el uso del espacio radioeléctrico, aunque igual existe la posibilidad de hacerlo por medio de fibra óptica, un hilo muy fino de material transparente, sea vidrio o plástico, por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir.

Resulta que dentro de los cada vez más amplios mecanismos de participación privada en el sector eléctrico, LyFC firmó un contrato el 31 de agosto de 2005 con la empresa WL Comunicaciones (cuyos principales socios son los ex secretarios de Energía del foxismo, Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens, según denuncia del propio Esparza Flores), mediante el cual la paraestatal le arrendó partes de sus líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica para que la privada instalara en ellas cables de 108 fibras ópticas para operar una red pública de telecomunicaciones. A cambio se le transfirieron a LyFC en propiedad 44 de esas fibras ópticas que la empresa decidió utilizar para hacer más eficientes sus sistemas de comunicación interna.

El SME, sin embargo, planteó a la empresa ofrecer al público el servicio de triple play como una opción para mejorar sus ingresos y con ello invertir para modernizarse. Pero la respuesta ha sido no, pues está visto que se trata de un pastel que sólo se repartirá entre el capital privado.

Instantáneas

1. OAXACA. Será hasta el martes cuando el pleno de la Corte determine si el ex presidente Vicente Fox y el gobernador Ulises Ruiz son responsables de las graves violaciones a los derechos humanos que se reconoce fueron cometidas en la entidad durante 2006 y 2007. El dictamen del ministro Mariano Azuela argumenta que no tienen responsabilidad y que ésta radica en el jefe de policía que encabezó aquellos operativos, es decir, el entonces jefe operativo de la Policía Federal Preventiva, Ardelio Vargas, hoy diputado federal y presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, blindado con su fuero.

2. IMPUNIDAD. Eso le garantiza a Ulises Ruiz la designación de su amigo madracista César Augusto Santiago al frente de la Comisión Jurisdiccional, la que se encarga de procesar las solicitudes de juicio político.

Licenciado en Comunicación por la UNAM con 33 años de ejercicio periodístico en prensa, radio y televisión. Corresponsal de guerra en Centroamérica y enviado especial a la invasión soviética a Afganistán y la primera guerra del Golfo Pérsico. Conductor del noticiario Siete Días de Canal 13-Imevisión y director de noticiarios de Televisión Azteca.

Columnista político de El Gráfico desde el 27 de marzo de 2006. Actualmente es el coordinador de información de El Noticiero con Joaquín López Dóriga de Televisa.

También dirige y conduce el programa De Grillas y Reporteros que se transmite de lunes a viernes en Radio 620 de la cadena RASA. Ganador en dos ocasiones del premio nacional de periodismo.