Esta idea es impracticable de entrada por razones que en un momento le comento, pero conceptualmente me parece del mayor interés. Puesto que vivimos en una República Federal, lo lógico sería que las entidades federativas y los municipios (que se dicen libres) recaudaran sus propios ingresos para financiar sus gastos. Así ocurre en todos los países federales del mundo, en donde los gobiernos locales recaudan entre 20 y 40% del ingreso total gubernamental del país. Pero nosotros siempre hacemos las cosas mal, y en realidad no somos una República Federal, sino central. Por eso, desde hace décadas, el gobierno federal recauda y administra los dineros de las entidades. Esto le permitió al gobierno central, por todo ese tiempo, controlar a los gobiernos locales, porque sin dinero no se puede hacer política.

Esto terminó en 1998, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) logró, como partido de oposición, que hubiese mecanismos claros de transferencia de recursos a las entidades, de forma que el gobierno central no los tuviese controlados. Hoy, diez años después, el PAN se lamenta, me imagino, de esa decisión inicial, que con el tiempo ha crecido hasta llegar a que el 35% del gasto federal sea transferencia a gobiernos estatales y municipales. Y con ese dinero no tenemos ni transparencia ni vigilancia.

Los gobiernos locales, en consecuencia, no recaudan, porque cobrar impuestos es impopular, así que le dejan al gobierno federal ese costo, y esperan sus transferencias, que como están reguladas por ley, no pueden ser alteradas por el gobierno central. Convertimos a la secretaría de Hacienda en vil cobrador y mensajero de los 32 virreyes, pues. Los gobiernos estatales tienen la excusa de que no tienen impuesto que cobrar, porque apenas tienen atribuciones para cobrar derechos de tránsito, impuesto sobre nómina, y alguna otra cosa por ahí. Los gobiernos municipales, en cambio, tienen dos fuentes de ingreso muy importantes: los impuestos a la propiedad y los derechos por uso de agua, que podrían financiar, sin ninguna dificultad, todos los gastos del municipio. Pero no los cobran bien, porque no tienen para qué. Les basta con levantar la mano.

Sin embargo, estos gobiernos municipales tienen un problema: la forma en que el gobernador distribuye los recursos no está en la ley, así que el virrey sí ejerce control sobre los munícipes. Basta ver cómo se ganaron las elecciones de 2009 en varios estados, particularmente priístas, en donde los gobernadores sí saben controlar usando los recursos de la sociedad. Los viejos tiempos, pues, pero ahora en versión local.

Los impuestos a la propiedad aportan, en los países civilizados, entre 2 y 4% del PIB. Digamos que en México pudiesen ser de 3% del PIB, pero son diez veces menores. Si se cobrara bien, aportaría casi 15% del presupuesto federal, de forma que no habría necesidad de transferir un centavo a los municipios, y podríamos hacer lo que nuestro lector recomendaba: sólo darle recursos a los municipios más pobres, que no pueden tener prediales o impuestos sobre adquisición de inmuebles, o derechos sobre herencias, en cantidad suficiente. No creo que bastara con 250 municipios, tal vez hablamos de 500, pero sólo a ellos. Esto podrían hacerlo los diputados a la voz de ya, estableciendo un calendario de tres o cinco años en que se redujeran las transferencias y se diese la asesoría necesaria para construir un catastro moderno y cobrar bien ese impuesto, que debería pagar todos los servicios públicos.

El caso del agua es todavía más importante, porque no sólo se trata de cobrar un servicio, sino de establecer incentivos que nos permitan usarla de manera razonable, y no tirándola como lo hemos hecho por décadas. Un metro cúbico de agua cuesta entre 10 y 12 pesos, pero lo cobramos a 2 en el DF, y a cinco en algunas otras entidades. La diferencia de precio no es un subsidio que ayude a los más pobres, como siempre dicen, sino una forma de provocar derroche de un recurso sumamente escaso. Es una tontería. Cobrar bien el agua permitiría cuidarla, pero también aportaría recursos muy valiosos a los estados (que son los que cobran el agua merced a acuerdos con los municipios).

Finalmente, me parece que la idea de tener recaudación centralizada tiene virtudes administrativas, pero no hace bien políticamente. Si las entidades quieren ser soberanas, pues que se lo ganen, cobrando sus impuestos. Podemos mantener los impuestos al ingreso centralizados (ISR-IETU-IDE) y descentralizar el cobro de impuestos al consumo, de forma que quien quiera subsidiar a sus pobres y cobrar tasa cero de IVA, pues que lo haga, pero que vea cómo financiar lo que le falte. El IVA recauda cosa de 3.5% del Producto Interno Bruto, que si lo enviásemos a los estados, liberaría al gobierno central de las transferencias que hace (puesto que toda la parte municipal ya estaría resuelta con la propuesta de arriba).

Como puede ver, la idea del lector de eliminar transferencias a las entidades tiene mucho sentido, si la acompañamos de unos pequeños ajustes: cobro de predial y agua en serio, transferencia del IVA a entidades, y asunto resuelto.

No creo que podamos hacerlo ahora, pero se trataba de una idea interesante que valía la pena comentar con amplitud. Y al menos plantear un camino que, en unos años, puede ser de gran utilidad para el país.

Doctor en Administración, candidato a doctor en Historia. Es profesor en la división de Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey. Ha publicado 15 libros, el más reciente: "Cien años de Confusión. México en el siglo XX", con Taurus. Su columna consiste en análisis sencillos de fenómenos económicos y financieros.