Hasta ahora las autoridades, federales y del DF, han tratado de minimizar esos atentados y los han clasificado como acciones sin proclamas políticasEn menos de dos semanas, los mexicanos asistimos, entre azorados y sorprendidos, a escenas de terror y bombazos protagonizados, en apariencia y según las versiones oficiales, por sujetos locos, desequilibrados mentales y fanatizados que, en nombre de Dios, contra el gobierno o contra el “ecocidio en el planeta”, han hecho estallar bombas en bancos o tiendas exclusivas, intentado secuestrar un avión con más de 100 pasajeros a bordo y dispararon en hora pico en un vagón lleno de gente en el Metro capitalino. ¿Son casuales y aisladas esas escenas que se comienzan a repetir y que tienen como constante acciones de un terrorismo algo rudimentario, pero que ya pone en riesgo a la población civil? Hasta ahora las autoridades, federales y del DF, han tratado de minimizar esos atentados y los han clasificado como acciones de grupos o individuos sin proclamas políticas, y más bien con reivindicaciones, desde “la revelación divina” del pastor Josmar, hasta los bombazos contra la globalización, o los gritos contra el gobierno y por órdenes también de Dios que se escucharon en los vagones del Metro. Curiosamente, todos los atentados, aislados o concatenados, han ocurrido aquí, en la capital, y ya el de ayer cobró dos víctimas fatales. ¿Ante qué estamos: acciones aisladas de grupos subversivos pero desarticulados o el actuar de desequilibrados que, en medio de la crisis, deciden hacer una locura? Las respuestas tendrían que llegar prontas y claras de las autoridades si no quieren que se genere miedo y subversión. Porque en un escenario como el que vivimos, con problemas económicos, desempleo, aumento de la pobreza extrema, incapacidad de pagos en algunos sectores, situaciones como las que se han visto en las últimas semanas pueden tener un impacto social y sicológico mucho mayor al de su dimensión real. Junto con el recrudecimiento de las condiciones sociales y económicas existen movimientos en internet que llaman a hacer del 2010 “el año de la revolución”, y que aunque se tratara de grupos reducidos o aislados, la situaciones extremas en las que empiezan a verse muchas familias pueden representar el caldo de cultivo ideal para que esas expresiones crezcan. La periodista Martha Anaya documentó en su columna Crónica de Política el 24 de abril una plática entre el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, y senadores del PRD. El general había invitado a los senadores para explicarles la indefensión jurídica en que estaban con las labores que hoy realiza el Ejército en la lucha contra el narcotráfico y pedirles que aprueben la Ley de Seguridad Nacional que está en comisiones del Senado. “El senador Carlos Navarrete —afirma Anaya— le mencionó a Galván algo que había escuchado en un viaje que hizo recientemente a Chiapas: que una delegación del EPR había ido a buscar a la gente del EZLN para proponerle acciones armadas conjuntas para el 2010”. ¿Tiene usted conocimiento de esto?, preguntó el legislador al general. “Sí”, fue la respuesta del titular de la Sedena. Arturo Núñez intervino a su vez: “¿Sabe que grupos islámicos están trabajando en Chiapas, que están dando entrenamiento religioso desde hace dos años?”. El secretario de la Defensa asintió: “También, señor senador”. A eso hay que añadir un ingrediente que según las áreas de inteligencia civil y militar aún no se produce, pero que ha dado ya visos de poder concretarse: la peligrosa conexión entre grupos subversivos guerrilleros y el narco sería una combinación letal que convertiría a esas organizaciones o ciudadanos aislados en movimientos con financiamiento abundante que podrían desestabilizar algunas regiones del país. Así que, sin ánimo alarmista, más vale que las autoridades vayan siendo claras e informen con transparencia de lo que está ocurriendo. A menos que alguien esté jugando a apostarle al miedo y a la desestabilización. De cualquier modo, está claro que los locos (y los demonios que los pueden financiar) andan sueltos. CARTA DE SAN CRISTÓBAL El ex presidente Vicente Fox envió el jueves 17 una carta a esta columna que reproducimos textual: “Salvador García Soto/ Presente/ Muy estimado Salvador: Con referencia a tu artículo del día de ayer en Serpientes y escaleras, titulado, ‘¿Y nadie va a enjuiciarlo por eso?’, me parece que tu información es incompleta. “Independientemente de que los recursos extra que ingresó el petróleo en mi administración, no son los extraordinarios que tu mencionas, la pregunta es ¿qué paso con esos ingresos? La respuesta es sencilla, se hizo de ellos exactamente lo que el Congreso ordenó. Tú sabes que esos recursos por encima del presupuesto son aprobados y ordenados en su ejecución por el Congreso. Son tres destinos el de esos recursos: 1. Transferencias a los estados. 2. Fondo de reserva para tiempos menos bonancibles, como ahora. 3. Reinversión en Pemex e infraestructura. Entonces, todo el presupuesto y su aplicación fue público y conocido, además de aprobado por el Congreso. Te anexo algunos de los avances logrados en mi administración. Todos certificados y confirmados por fuentes externas./ Saludos,/ Vicente Fox Quesada”. Hasta ahí la carta del ex presidente. Pero quedan algunas preguntas y precisiones: el monto mencionado en la columna de los excedentes petroleros no lo afirmo yo; se los dijo Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, a economistas del PRI en una plática reciente. Y dos, ¿dónde quedó ese “Fondo de reserva para tiempos menos bonancibles”? Porque aunque él afirma que todos esos recursos se manejaron conforme a las disposiciones del Congreso, en los dos últimos años de su administración Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda, argumentó a diputados y gobernadores que “los excedentes se agotaron” y ya no hubo tal reparto. Y en todo caso, si el Congreso manejó el destino de esos recursos, como afirma el ex presidente, también ellos tendrían que aclarar a dónde fueron esos miles de millones de pesos, porque haya sido obra de un solo poder o de dos poderes, eso no le quita el calificativo a su dispendio y dilapidación: atraco a la nación. |