La medida fiscal más progresiva y racional en la propuesta del gobierno (el impuesto general de 2% a casi todo el consumo, etiquetado para “combatir la pobreza”) es cuestionada con elementos de la más pura demagogia: cobrar impuestos a los pobrecitos pobres para luego devolvérselos, ¡si ello ocurre!: ¡17% de IVA a los pobres! ¡Ahora es sólo 2%; ya lo subirán!

El gobierno propone un impuesto cuyo destino está explicado peso por peso. Pero que va mucho más allá: es un paso esencial para combatir la informalidad en la economía pues, para empezar, expande por millones, de un solo golpe, la población reconocida por la Secretaría de Hacienda sujeta a pago de impuestos.

Es un impuesto inmediato al consumo: quien más consuma paga más. Es un instrumento fiscal “progresivo e integral”; así, quienes elaboraron el escrito México frente a la crisis: hacia un nuevo curso de desarrollo, firmado por analistas de gran prestigio y ex funcionarios hacendarios, encabezados por Rolando Cordera, Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco Suárez Dávila y otros mexicanos de gran valía (La Jornada, 11 de septiembre, p. 9), no tendrían elementos de fondo o argumentos importantes para oponerse en principio a él.

México frente a la crisis aborda la reconfiguración de poder económico internacional y afirma que ahora se ofrece la posibilidad de plantear nuevas formas de cooperación internacional.

“Tal es el caso de una nueva fase del redespliegue industrial a escala mundial; la posibilidad de financiamiento internacional para la infraestructura; la necesidad de una nueva arquitectura financiera internacional y la reforma de la instituciones financieras internacionales”. México debe armonizar su voz “con las de otras naciones: los países emergentes de mayor relevancia como China e India, y en América Latina, Argentina, Brasil y Chile, en especial”.

¿Algún olvido? Sólo nuestra creciente interdependencia asimétrica con Estados Unidos de América y las relaciones con Canadá. ¿No tendríamos también que “armonizar nuestra voz” con esas naciones con las cuales estamos relacionados en un proceso desordenado pero profundo de integración global? ¿O nos olvidamos de reformar en forma “progresiva e integral” ese proceso, cuya única norma real es hasta ahora el frágil Tratado de Libre Comercio? Una pequeña gran ausencia en el análisis. Quizá involuntaria; o dictada por una nueva ola de nacionalismo económico o relativo aislacionismo: “Todo con los países emergentes de mayor relevancia; disminuyamos la dependencia externa de la economía mexicana”. ¿O se parte de otro principio inicial? Dependencia no es equivalente a integración. Algo en el documento no queda claro y eso es evidente.

Si el discurso “independentista” (lo llamaré así por economía de lenguaje) frente al “integracionista” —del cual soy un vocero obvio— es a final de cuentas: reduzcamos nuestra dependencia con Estados Unidos “armonizando nuestra voz con los países emergentes de mayor relevancia”, valdría la pena que eso se escribiera con todas sus letras. Para valorarlo con responsabilidad intelectual. Pues puede estarse de acuerdo con, por ejemplo:

“México debe definir un nuevo curso de desarrollo para su tercera centuria como nación independiente”, pero pienso que deberíamos tomar en cuenta desde la balanza de pagos, la estructura de la inversión extranjera y los movimientos de población, así como también las posibilidades de la producción de bienes y servicios y hasta los patrones de consumo y la formación de precios (un caso: precios internacionales frente a salarios a la mexicana).

Si para la perspectiva independentista el proyecto presupuestal de Felipe Calderón está “de cabeza” es porque se parte de la necesidad de un viraje en el actual modelo económico y social del país. Y, en forma curiosa, la enorme mayoría estamos de acuerdo con esa necesidad: cambios de fondo. Pero nuestras muy diversas perspectivas nos llevan a algunos puntos ciegos, y ahí se generan puntos de vista y propuestas en apariencia irreconciliables.

¿Hay alguna posibilidad de un diálogo productivo entre estas perspectivas? Sí, existe. En la medida en la cual se definan reformas de mayor alcance —¿alguien está en contra de elevar la producción, generar productividad, racionalizar las cadenas productivas y alentar el desarrollo regional?—, se pueden encontrar firmes puntos de acuerdo. Pues, sin paradoja y sin ironía, en ambas perspectivas todos somos reformistas. Y cuando aparece una reforma de la trascendencia progresiva y general del impuesto de 2%, aun cuando se discrepe de la otra perspectiva y sus otras consecuencias prácticas, hay que aprobarla. Y decirlo. Por elemental congruencia intelectual y política.

Eduardo Valle se graduó en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM. Fue dirigente del Partido Mexicano de los Trabajadores, diputado federal y asesor del procurador general de la República, Jorge Carpizo.