Un simple recuento de hechos en el proceso de elección de jefe delegacional en Iztapalapa aporta elementos para aseverar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desobedeció el principio constitucional de garantizar certeza en las votaciones y, por lo tanto, violó la Constitución.

1. Clara Brugada, con el apoyo del movimiento de López Obrador, ganó con 99 mil 890 votos la candidatura del PRD a la jefatura delegacional en Iztapalapa. Silvia Oliva, con el apoyo de la corriente Nueva Izquierda o Los Chuchos de Jesús Ortega, actual presidente de ese partido, perdió la elección interna al obtener 94 mil 560 votos, 5 mil 420 menos que Brugada.

2. Inconforme con el resultado, Oliva impugnó la elección ante el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), que anuló 25 casillas pero ratificó el triunfo de Brugada. Por eso Oliva interpuso otra impugnación el 18 de mayo pasado, pero esta vez ante el TEPJF. La sala correspondiente al DF recibió la queja hasta el 22 de mayo sin que se le diera trámite expedito. El 2 de junio, al no tener noticia de la queja, Oliva solicitó que la sala superior del Tribunal atrajera el caso, lo que fue rechazado en principio por ser una petición extemporánea que debió haberse realizado a más tardar el 18 de mayo.

3. No obstante la negativa, ese mismo 2 de junio, sin explicación alguna y, eso sí, provocando mucha suspicacia, María del Carmen Alanís Figueroa, presidenta del TEPJF, ordenó darle entrada al expediente. Ella y sus magistrados tardaron del 3 al 11 de junio en analizar la queja, cuando pudieron haberlo hecho en dos días, según especialistas consultados por esta columna. En ese lapso se imprimieron las boletas electorales y las correspondientes a Iztapalapa aparecieron con el nombre de Brugada como candidata del PRD.

4. Al día siguiente, 12 de junio, el Tribunal revocó de manera definitiva e inatacable la candidatura de Brugada para dársela a Oliva. Había anulado 47 casillas de la elección interna perredista, poco más de 5 mil votos que en el conteo final dieron a Oliva 771 sufragios más que Brugada. Para justificar la anulación de esas casillas argumentó que sus funcionarios no estaban en el padrón de militantes del PRD, según lo exige su reglamento interno.

5. El TEPJF ordenó al IEDF registrar a Oliva como candidata, a lo que este último le respondió que primero tenía que revisar sus gastos de campaña. Los magistrados interpretaron la respuesta como un desacato y le fijaron al instituto electoral un plazo perentorio que se tuvo que acatar. Si en los próximos días llegara a comprobarse que los gastos de campaña de Oliva superaron el límite fijado por la ley, acaso veríamos que su candidatura fuera revocada y restituida a Brugada.

Con todas estas decisiones el TEPJF no sólo antepuso un ordenamiento partidista que sólo aplica en una circunstancia específica, a leyes federales y a la misma Constitución, que lo obligan a garantizar la certeza electoral, sino que, presumiblemente, manipuló tiempos para dejar en las boletas el nombre de Brugada en lugar del de Oliva, que es ahora la candidata. De esa manera confunde a muchos ciudadanos que estarán sufragando por Brugada cuando su voto, en realidad, será contabilizado a favor de Oliva.

¿Por qué esos atropellos que desprestigian aún más la ya desacreditada imagen del Tribunal Electoral entre un amplio sector de la ciudadanía después de fallos como el de las elecciones presidenciales de 2006 o el que entregó la presidencia del PRD a Jesús Ortega tras el cochinero que fueron sus comicios internos? ¿Por qué la magistrada presidenta, María del Carmen Alanís, se arriesga a un procedimiento de juicio político por violaciones a la Constitución?

Si es imposible apreciar una intención de hacer valer la ley, entonces sólo puede haber explicación en la intención deliberada de favorecer a un aliado coyuntural del gobierno federal, en este caso el PRD de Los Chuchos, para impedir que el movimiento de AMLO tenga el respaldo de un importante reservorio de votos en la ciudad de México, y el PAN inicie su pretendida recuperación electoral de la capital del país.

El problema es que en la intención se llevan entre las patas la credibilidad de un árbitro electoral que, después de estos atropellos, difícilmente podrá garantizar la imparcialidad requerida para dar certeza jurídica a la elección presidencial de 2012. Y quién sabe cómo le vaya con las resoluciones que deberá tomar con las del próximo domingo.

(rrodriguezangular@hotmail.com)

Licenciado en Comunicación por la UNAM con 33 años de ejercicio periodístico en prensa, radio y televisión. Corresponsal de guerra en Centroamérica y enviado especial a la invasión soviética a Afganistán y la primera guerra del Golfo Pérsico. Conductor del noticiario Siete Días de Canal 13-Imevisión y director de noticiarios de Televisión Azteca.

Columnista político de El Gráfico desde el 27 de marzo de 2006. Actualmente es el coordinador de información de El Noticiero con Joaquín López Dóriga de Televisa.

También dirige y conduce el programa De Grillas y Reporteros que se transmite de lunes a viernes en Radio 620 de la cadena RASA. Ganador en dos ocasiones del premio nacional de periodismo.