Estamos hablando de la empresa Corphomed, a quien se le había otorgado originalmente una larga lista de concesiones para ofrecer tratamientos de hemodiálisis a enfermos de insuficiencia renal crónica.De acuerdo con el organismo tripartita, la compañía entregó datos erróneos, confusos o contradictorios respecto a los domicilios en que instalaría las clínicas, con la novedad de que existen evidencias de que los contratos de arrendamiento de los inmuebles se harían efectivos sólo en caso de ganar la licitación. Dicho con todas las letras, no existía infraestructura alguna de respaldo, es decir el volado, como en el caso de las guarderías, se jugó a la simple voluntad de la suerte… o de las influencias. De pura saliva, pues. El absurdo lo habíamos documentado en este espacio, denunciando que bajo su cobijo se había colocado en riesgo de muerte a 4 mil 500 pacientes, al no empatar las fechas de cancelación de contratos de las firmas que prestaban el servicio con la apertura de las nuevas clínicas. En el camino, además, se hicieron públicas decenas de denuncias contra las clínicas que opera Corphomed en Querétaro señalando que se había provocado la muerte de más de 30 pacientes por causas atribuidas a la falta de higiene. Más aún, resultó que el representante de la firma en las gestiones para participar en el concurso, Alejandro Torres Palmer, había sido asesor del instituto hasta semanas antes de la licitación, tras haber trabajado algunos años en éste. Lo cierto es que la licitación se resolvió a favor de Corphomed el 22 de diciembre del año pasado, es decir bajo la gestión aún del hoy secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas. En el escenario, pues, la nueva administración encabezada por Daniel Karam le enmendó la plana a su antecesor… a medias. Aunque la lógica, la ética y aún la estética apuntarían a que al comprobarse falsedad en su documentación se debió haber cancelado de plano la relación de la firma con el instituto, resulta que nada más se actuó contra la posibilidad de los domicilios alterados. A quién le importa la máxima que señala aquello de quien miente una vez, miente siempre. Por lo pronto, con fecha 18 de junio pasado, la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones del Seguro Social le envió al representante legal de Corphomed, Javier Salazar Zúñiga, tres oficios en los que le detalla las irregularidades en la información. En uno de ellos se le comunica la cancelación de las partidas 18, 19, 20 y 21 de Guanajuato, aduciéndose el “no existir certidumbre respecto del cabal cumplimiento a los requerimientos del instituto”, y acusándose a Corphomed de incumplir las condiciones de los bases de licitación. Más al detalle, se señala que en el registro público de la propiedad del municipio de Irapuato no existe ningún inmueble inscrito con una dirección otorgada por la firma para la instalación de una clínica. Dicho con todas las letras, Corphomed presentó un contrato de arrendamiento de un inmueble que no existe. En abundancia, se coloca como propietaria de un inmueble ubicado en el kilómetro 55 de la carretera Guanajuato-Juventino Rosas a una persona, mientras en el comprobante de ratificación aparece la firma de otra, “lo que resulta contradictorio en términos del contrato y del signante”. Más aún, en una de las cláusulas de éste se estipula que el contrato estaría en vigor una vez que la arrendataria tenga los contratos de subrogación firmados por el IMSS. En otro oficio se notifica la cancelación de las partidas 36 y 39 correspondientes a la Delegación Institucional del Estado de México-Oriente, aduciéndose idénticas causas: falsedad en la información. Por ejemplo, aparecen dos diferentes nombres de arrendatarios de un inmueble en la colonia Santa María Xalostoc de Ecatepec, lo que se repite en otro de la colonia El Mirador de Tlalnepantla. La pregunta es simple: ¿no comprobó los datos la administración de Molinar Horcasitas ante la urgencia de favorecer a la firma? Balance general Una y una. Pues ahora resulta que Aeroméxico y Aeropuertos y Servicios Auxiliares están empatados. Mientras la paraestatal demandó a la línea aérea por la vía penal por un adeudo de 390 millones de pesos por concepto del TUA, es decir, derecho de uso de las terminales aéreas, éste la demandó a su vez por la vía civil por no pagarle una inversión realizada para construir una nueva plataforma en la Terminal II del aeropuerto “Benito Juárez”. Una y una, pues. El problema para la línea aérea que encabeza José Luis Barraza es que el adeudo proviene de cobros que se le hicieron originalmente a los pasajeros, es decir se está jineteando dinero ajeno, lo que equivale a defraudación fiscal. No, pero sí Alertada en el Senado la posibilidad de que la planta productora de cloruro de vinilo del Complejo Petroquímico de Pajaritos fuera cedida en comodato a la empresa Mexichem, ahora resulta que ésta sólo entraría al rescate… para garantizar el abasto de su materia prima. Según ello, la firma hará un diagnóstico para asegurar la productividad, incluida la sugerencia para compra de equipos. Sin embargo, Petróleos Mexicanos reconoce que se firmó un memorándum de entendimiento para analizar la posibilidad de un “proyecto de comodato”, por el que la firma privada aportaría los recursos para realizar las inversiones requeridas, aun cuando la paraestatal mantendría el control. Fuego amigo Furiosa por la que considera una traición del gobierno, la Asociación Mexicana de Fabricantes de Pilas (Amexpilas) le envió una carta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Elvira, protestando por la inclusión en el portal electrónico del Instituto Nacional de Ecología de un documento en que se ubica a sus productos como un peligro para México. De acuerdo con el texto (Las pilas en México: un diagnóstico ambiental), éstas atentan contra el equilibrio ecológico del país, colocando tabla rasa entre las que llegan de contrabando y las que se producen localmente. Sin embargo, la conclusión se contrapone a las derivadas de estudios realizados por el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Fokuada de Japón, la Lieja de Bélgica; Waterloo de Canadá y Swam de Estados Unidos. El alegato habla de que el documento no refleja ni dimensiona los componentes de las pilas. El consumo en el país es de seis pilas por habitante, ocupando el escalón 14 a nivel mundial. La industria genera una derrama económica de 300 millones de dólares, manteniendo 15 mil empleos directos. | 
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