Es claro que los principales beneficiarios en Sonora del negocio de las guarderías subrogadas son los familiares y amigos del gobernador Eduardo Bours. Él influyó, indudablemente, para que fuera así. Y a 21 días del incendio de la estancia ABC de Hermosillo, esos concesionarios que operan en condiciones de riesgo para aumentar ganancias —entre ellos una prima de la esposa de Felipe Calderón y un hermano de Bours que está metido en todos los negocios posibles, dicen que legales e ilegales— se han mantenido intocables y ya tuvieron tiempo suficiente para ampararse. Así que esos picudos, y el gobierno de Bours por hacerse de la vista gorda, tienen una grave responsabilidad en la tragedia, aunque cabe preguntarnos: ¿quiénes subrogaron esa y otras guarderías y son, por lo tanto, los principales obligados a exigir a sus concesionarios el cumplimiento de los requisitos de seguridad que ellos como autoridad establecieron? Pues los funcionarios del Seguro Social. ¿Los de la delegación en Sonora, ya consignados y ahora en libertad bajo fianza? Por supuesto que no, ellos no se mandan solos, esas decisiones vienen de más arriba. Por eso debe ser investigada la principal autoridad del área, que es Sergio Antonio Salazar, director de Prestaciones Económicas y Sociales, un hombre que lleva 32 años en el IMSS, que infiltró en 2004 el movimiento sindical que impidió al gobierno de Fox cambiar su régimen de pensiones y jubilaciones y que, sin éxito, ha buscado varias veces la dirección del Instituto. Pero de él depende otra funcionaria que debe ser investigada, la coordinadora Nacional de Guarderías, Carla Rochín Nieto, una militante panista que se hizo amiga de Margarita Zavala de Calderón cuando ambas fueron diputadas en la anterior legislatura. De Rochín Nieto le conté que le tocó operar la transición de adjudicación directa a licitación pública de guarderías subrogadas. Ella creó las bases de la licitación pero —según denuncia de un trabajador del área— eran tan rigurosas que muchos recomendados no las satisfacían. Por eso —agrega el denunciante— ordenó a su subordinada, Aída Esther Antuna, jefa de la División de Expansión del Sistema de Guarderías —área encargada de licitar y de auditar el cumplimiento de los términos de la subrogación—, que flexibilizara los criterios, lo que denunció en la Contraloría Interna del Instituto (expediente 765/08) antes de ser despedida. Ese expediente —informó el IMSS— podría estar en poder del Órgano de Control Interno o de la Secretaría de la Función Pública, dependencia en la que es subsecretaria Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, quien también fue diputada federal y es amiga de Rochín y Zavala. Antuna —según nos informó otro lector— fue sustituida por Javier López Sánchez, quien fue secretario particular de Rochín Nieto y ahora es el jefe de la División de Expansión del Sistema de Guarderías subrogadas y en consecuencia supervisor de ellas junto con Ricardo Cardona Acosta, jefe de Normatividad y Convenios. Ambos deberían ser investigados. Daniel Karam, director del Seguro Social, es el jefe de todos ellos, pero fue designado hace apenas unos días. Entonces la responsabilidad política de esta tragedia recae en el ex director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, actual secretario de Comunicaciones y Transportes, quien asegura que acudió el martes a la PGR a declarar voluntariamente, cosa que niega el gobernador Bours. Mientras la Procuraduría no lo confirme ¿usted le cree a Molinar? Yo tampoco ¿Y a Bours? Menos. Al pleito ya se subió el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en una soez y ofensiva confrontación que no responde al clamor social de que se haga justicia a los padres de 47 inocentes muertos, y que más parece una maniobra de distracción obscenamente electorera. Acaso la PGR procese a otros chivos expiatorios. Por lo pronto, y como siempre, los políticos y los picudos están a salvo. (rrodriguezangular@hotmail.com) |