En octubre de 2008, antes de saber que colaboradores muy cercanos a Genaro García Luna en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada recibían millonarios sobornos de los Beltrán Leyva a cambio de información clasificada, un estudioso del mundo de la milicia, Javier Ibarrola, escribió un artículo con este título: La guerra de Calderón, pérdida de tiempo.

En dos años, señala en el texto, “se han perdido recursos millonarios y, lo más importante, muchas vidas humanas porque nunca se pudo articular una estrategia nacional para combatir el crimen”. Reprodujo, asimismo, comentarios de distinguidos miembros del Ejército: “Una guerra contra el crimen organizado no puede ser librada para satisfacer las cámaras de televisión, los medios de información y de comunicación, los organismos no gubernamentales, sean nacionales o extranjeros. Erradicar este problema requiere de un excelente manejo de la verdad, la honestidad, la tecnología, la inteligencia, la contrainteligencia, el seguimiento, la perseverancia, la continuidad y el secreto”.

Nadie puede estar en contra de lo anterior. Pero entonces vienen a la memoria hechos donde la autoridad ha sido omisa o pródiga, legal y mediáticamente a conveniencia. Por ejemplo, ¿bastó con procesar a los cercanos de García Luna y no al resto de subalternos?, ¿García Luna no falló, no es responsable?, ¿desconocía lo que hacían sus empledos?, ¿tampoco su hermana laboró con el recién arraigado secretario de Seguridad en Morelos?, ¿sabía qué hacía su jefe?

¿Por qué los medios electrónicos no fueron pródigos al informar sobre el militar de Guardias Presidenciales que trabajaba en Los Pinos, quien recibía de los Beltrán 100 mil dólares al mes?

¿Por qué si reconocidos columnistas aseguran que desde hace tiempo Calderón tiene información de “inteligencia militar” sobre ocho narcogobernadores, no actúa?, ¿de qué sirve denunciar (como lo señaló Arturo Sáenz Ferral, director del Consejo Nacional de Fomento Educativo) que en Chihuahua, Durango y Sinaloa los maestros tienen que pedir permiso o pactar con delincuentes para dar clases, sin que nadie haga nada?

Curioso también cómo se filtran a medios detenciones espectaculares para desviar la atención sobre temas que lesionarían la imagen de funcionarios federales como el procurador o el secretario de Seguridad Pública, que también trabajaron con Fox en el supuesto combate contra el narcotráfico. ¿Años de permisividad?, dicen ahora. ¿Estos funcionarios no tienen responsabilidad alguna?

Definitivamente, la justicia debe aplicarse pero no de manera selectiva.

Nació en el Distrito Federal en 1967. Desde los 14 años participa en la lucha política del país. En 1981 contribuyó a la Fundación del Partido Socialista Unificado de México.

En 1985 colaboró en los procesos de rescate y reconstrucción de la Ciudad de México tras los sismos de ese año. Promotor y fundador del Consejo Estudiantil Universitario y miembro de la Comisión Organizadora del Congreso Universitario.

Fundador del PRD. Estudió Derecho en la UNAM donde fue Consejero Técnico de los estudiantes de 1991 a 1993.

Desde 1997 hasta el 2000, diputado local por el PRD en la Asamblea Legislativa del DF, primera legislatura y Coordinador Parlamentario de la Primera Mayoría Legislativa del PRD en el país, y también Presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF. Ese año fue elegido Coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, en la LVIII legislatura.

En 2002 ocupó la presidencia de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Subsecretario de gobierno en 2003, durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Presidente del PRD en el DF (03/05 – 04/06) y Secretario de Desarrollo Social en el actual gobierno del DF.