Pero la crisis es un fenómeno que vino de fuera y que no podía enfrentarse mucho mejor de lo que se hizo. Y lo que deberíamos analizar es por qué no teníamos más herramientas disponibles.

Hay aquí dos perspectivas, que me parece que aparecen en todas las interpretaciones que hacemos acerca de nuestro país, tanto en lo político como en lo económico. Por un lado, hay quienes creen que los problemas vienen de la orientación económica que tomó México a partir de 1986, aunque suelen fecharla en 1982, porque en ese año entró De la Madrid a la presidencia, pero también porque así le achacan todo el costo de la crisis a la nueva orientación, y no a la anterior. La otra perspectiva es que el problema no viene de esa orientación, sino de la anterior, que construyó una economía profundamente débil, que no ha podido insertarse adecuadamente en la globalización.

No es un asunto menor esta discusión, porque de ello depende el abanico de opciones disponibles. Pero no es fácil llevarla a cabo porque no siempre es claro para quienes discuten su punto de partida. Esto es más frecuente con los empresarios, que no dedican tiempo a revisar ni la historia ni la política económica. Y tienen razón: son empresarios, no académicos. Pero para discutir acerca de cuáles deberían ser las medidas para que la economía mexicana tuviese un mejor desempeño, pues sí hay que darle una revisadita al conocimiento acumulado.

La primera postura fue descrita hace ya treinta años con toda claridad por Rolando Cordera y Carlos Tello en un pequeño libro llamado “la disputa por la Nación”. El planteamiento no ha variado mucho desde entonces. Según los autores, su proyecto, el nacionalista, “parte de la hipótesis general de que, en esta etapa del desarrollo nacional, las necesidades del país pueden ser mejor satisfechas si se recogen y actualizan los planteamientos y demandas populares que dieron origen a la Revolución Mexicana, si puntualmente se aplican los postulados de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos,…” (pág. 107), postulados que implican un mandato constitucional: “el Estado se responsabiliza (de ahí su legitimidad), en tanto rector del proceso de desarrollo del país, de proveer y promover el mejoramiento de las condiciones de vida de las mayorías populares actuando tanto sobre las relaciones de propiedad – imponiéndoles las modalidades que dicte el interés público – como sobre las relaciones entre las clases sociales.” (pág. 110).

En esta perspectiva, el gobierno debe ser rector del desarrollo nacional como lo fue desde 1935 y hasta 1982, cuando esa rectoría terminó en desastre. Pero ese desastre, argumentan los defensores de esta visión, vino de fuera: el alza en las tasas de interés de Estados Unidos y el estancamiento en los precios del petróleo. México, que había contratado deuda externa suponiendo que las tasas seguirían bajas y el petróleo sería cada vez más caro, no tuvo con qué pagar e inició la década perdida de América Latina, como se acostumbra llamar.

Sin embargo, quienes sostienen esta visión han seguido argumentando que la orientación económica que tenía México era preferible a la que empezó a instrumentarse en 1986, con el ingreso de México al GATT, y que continuó con el Pacto de Solidaridad Económica (estabilización), y las privatizaciones y reformas de 1991 a 1994, incluyendo el TLCAN. Su principal argumento es que el crecimiento económico de México desde 1982 (que es la fecha que usan), ha sido miserable: 2.5% promedio anual, apenas encima del crecimiento poblacional. Comparando esta cifra con el 6% de crecimiento promedio que prácticamente tuvimos desde 1940 hasta 1980, pues no hay más que hablar.

A este argumento se le adicionan con frecuencia asuntos sociales: pobreza, educación, seguridad social, que no tienen tanto atractivo como el crecimiento porque no tenemos muchos datos para comparar, y en los pocos que hay, el período “nacionalista” no resulta muy bien parado. Hoy hay menos pobreza que entonces, por ejemplo, y hay educación para muchas más personas, en términos absolutos o relativos, como usted guste.

Es decir que prácticamente todo el argumento de defensa de aquel “modelo económico” es el crecimiento de la economía. Pero no es un mal argumento, como hemos visto. Las cifras son mucho mejores antes de 1982 que después de ese año. Y aunque la fecha de inicio del modelo “neoliberal” es importante, no destruye el argumento referido. Pero, como veremos la próxima semana, el argumento no resulta tan sólido cuando se revisa con cuidado, y al derrumbarse, me parece que deja absolutamente sin sustento a quienes ven en el pasado lecciones positivas para la economía mexicana. Lo platicamos el martes.

Doctor en Administración, candidato a doctor en Historia. Es profesor en la división de Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey. Ha publicado 15 libros, el más reciente: "Cien años de Confusión. México en el siglo XX", con Taurus. Su columna consiste en análisis sencillos de fenómenos económicos y financieros.