Operativos como el lanzado en Michoacán —que arrojó la detención de una treintena de presuntos implicados en el crimen organizado—, están listos para llevarse a cabo en Veracruz, Tamaulipas y Durango, en donde los servicios de inteligencia federal tienen localizados alcaldes y servidores públicos vinculados al narcotráfico.Nadie sabe cuándo se llevarían a cabo las detenciones y tampoco el número de presuntos implicados. La información sobre los vínculos de servidores públicos y a puestos de elección popular —legisladores y alcaldes de todos los niveles—, se maneja al más alto nivel de confidencialidad y a partir de estrictos protocolos de inteligencia, lo que hace casi imposible identificar nombres de personas, puestos, comunidades, municipios y entidades del país donde se encuentran. Hasta antes del operativo en Michoacán —y gracias a un trabajo de tierra desarrollado durante meses—, el trabajo de gabinete se concentró en cuatro regiones del país en donde los cárteles de la droga han focalizado sus actividades y en donde han penetrado a partidos políticos, financiado campañas, sometido a alcaldes, regidores y legisladores y se han apoderado de posiciones estratégicas en los gobiernos estatales. La logística para trazar el atlas de la llamada “narcopolítica” se inició una vez arrancado el gobierno de Felipe Calderón, cuyos estrategas de seguridad nacional diseñaron un protocolo para recopilar toda la información surgida de las regiones militares, los gobiernos estatales, municipales, de los centros empresariales y hasta de los centros religiosos. Una vez sistematizada, toda la información sobre los presuntos vínculos de la “narcopolítica” se concentra en un mando único en donde los datos manejados son claves y códigos sólo entendibles por unos cuantos. En ese centro único de mando se contrasta la información, se perfecciona, se compara y cuando ha cumplido estándares de certeza se entrega a los más altos mandos del gobierno federal, en donde se toma la decisión de actuar. Así, por ejemplo, se sabe que en el caso Michoacán, por lo menos 90% de los detenidos —entre alcaldes y servidores públicos estatales— cuentan con un historial de vínculos con criminales de distintos cárteles, suficiente como para purgar largas condenas en prisión. El restante 10% cuenta con expedientes no acabados, pero que tampoco los exoneran del todo. Faltan por cumplir por lo menos una decena de órdenes de presentación, con lo que se pudieran perfeccionar algunos de los expedientes incompletos. Por lo pronto, fuentes de la PGR estiman que a partir de la abundancia de evidencias sobre vínculos de alcaldes y funcionarios estatales detenidos en Michoacán, su consignación se podría llevar a cabo mucho antes de que se cumplan los 40 días de arraigo; todo ello a pesar de huelgas de hambre, defensa pública que pretenden los partidos de los presuntos implicados, y abogados pagados por fuentes poco confiables. Es decir, antes del 5 de julio estarán en prisión buena parte de los alcaldes michoacanos detenidos y de los servidores públicos del gobierno de Leonel Godoy. No se descarta exonerar a uno que otro. En tanto que sigue la persecución de una decena de personas, entre alcaldes y servidores públicos, que al amparo del ruido mediático que generó el operativo y debido a cuestiones circunstanciales lograron darse a la fuga. Cuando se plantea la hipótesis de que estaría en puerta la detención de alcaldes de Veracruz, Tamaulipas y Durango —presuntos implicados con el narco—, es porque las anteriores entidades, junto con Michoacán y Zacatecas, son parte de un mismo corredor de influencia criminal, y en donde se han centrado las investigaciones federales en una primera etapa. En ninguno de los casos —de Michoacán, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas y Durango— se tiene previsto perseguir a los respectivos gobernadores. Y las razones fundamentales son dos. Primero, porque no existen elementos suficientes que los vinculen al narco y, segundo, que la persecución de un mandatario estatal por presuntos vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico implicaría un trabajo político de desafuero, con su consecuente guerra política. Por lo pronto, queda claro que en la lucha contra uno de los mayores flagelos del nuevo siglo, el Estado mexicano cuenta ya con un incipiente sistema de inteligencia que empieza a dar resultados. Las grandes interrogantes, en todo caso, van en otra dirección. ¿Hasta cuándo y hasta dónde van a llegar? Al tiempo. EN EL CAMINO Dicen los que saben que el divorcio público se dará muy pronto. Que Los Chuchos decidieron jugar una carta mayor, que puede ser desesperada. |
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