Esa fue la pregunta que ayer se hizo la insidiosa de la Mafufa cuando se enteró del sorpresivo operativo por el cual la PGR y la Policía Federal detuvieron a 10 alcaldes de municipios michoacanos y a varios colaboradores cercanos del gobernador de ese estado, Leonel Godoy. “¿Tú crees que de veras van a ir a fondo, que ahora sí Calderón le va a entrar a desmantelar las redes de narcopolítica sin la que no se entendería la fuerza y el crecimiento del tráfico de drogas en México?”, me preguntó la bruja.

La verdad dudé para contestarle. Porque si bien hay que reconocer la decisión del gobierno calderonista que por fin se animó a entrarle a uno de los tentáculos más fuertes del narco mexicano que no han sido tocados por ningún Presidente, a la vez surge la duda sobre los tiempos que usó el gobierno para tomar la decisión. O lo que es lo mismo, nadie puede dejar de reconocer la medida, aunque falta que prueben bien los vínculos entre alcaldes y narcos, pero a la vez nadie puede dejar de preguntarse por qué ahora, por qué a un mes de las elecciones, por qué no antes o después de los comicios en los que el PAN puede perder su actual condición mayoritaria en el Congreso.

¿Tiene el operativo contra políticos vinculados al narco en Michoacán un fin político-electoral, o es realmente el inicio de una cruzada contra la narcopolítica en México que llega a niveles asquerosamente altos en nuestra vida pública?

Porque antes del embate inédito ocurrido en tierras michoacanas, estuvo el escándalo en Morelos, donde todo el aparato de seguridad del gobierno panista de Marco Antonio Adame resultó cooptado e infiltrado por el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Pero en el caso de la administración blanquiazul morelenes el gobierno federal actuó mucho más cauto y con menos ruido, e incluso mandó al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a darle un espaldarazo al cuestionado gobernador Adame, que quedó tocado por la sospecha del narco, que infiltró a sus colaboradores más cercanos.

No fue el mismo tacto que tuvieron las fuerzas federales en Michoacán, apuntó la Mafufa, para resaltar que en un estado gobernado por el perredista Godoy se le dio un trato político distinto y se hizo todo un despliegue mediático para publicitar como “histórico” el operativo contra los presuntos narcoalcaldes. ¿Por qué el tratamiento distinto —insistió la bruja—, porque se quiso proteger al gobernador panista y exhibir al perredista?

La respuesta a esas preguntas tal vez se vea en los próximos días. Si los sucesos de Morelos, Michoacán y Zacatecas anuncian el inicio de operativos para exhibir y detener a narcopolíticos, ya se verá si se continúa en otros estados y si se va subiendo el nivel hacia gobernadores o familiares suyos que están bajo sospecha y son señalados por presuntos vínculos con el narco en informes de inteligencia militar.

Si eso tendrá un beneficio electoral para el PAN también ya se verá, le dije yo a la Mafufa, aunque la verdad hasta ahora los blanquiazules no parecen libres de mancha en el tema de la narcopolítica y está claro que el poder de infiltración del narco no distingue partidos políticos. Es saludable que los operativos del gobierno de Calderón no se vuelvan “selectivos” o se concentren en políticos del PRI o del PRD y también caigan panistas, como los alcaldes de Uruapan, Antonio González Rodríguez, y de Ciudad Hidalgo, José Luis Ávila Franco.

Si continúan los operativos, ¿el gobierno calderonista le entrará también, por ejemplo, a administraciones como la de Baja California, de extracción panista e infiltrada en distintos niveles por el narco, o sólo irá a Nuevo León, a Tamaulipas o a Coahuila y a otros estados infestados de narcopolíticos?

Eso está por verse, pero si el asunto va en serio, si de verdad le va a entrar Calderón a desmantelar las amplias redes donde se mezclan la política, el gobierno y el narcotráfico, tal vez la pregunta que se hizo la Mafufa no esté tan errada: ¿quedará algún político que apague la luz?