El 30-dic-2009: toma nacional de gasolineras; 31-dic-2009: toma nacional de carreteras y puentes; 01-ene-2010: derribar todas las cercas y postes del campo mexicano; 02-ene-2010: apertura de cárceles, permitir la salida de todos los reos y convertir esos espacios en escuelas, hospitales y mercados; 03-ene-2010: toma del Congreso de la Unión; 04-ene-2010: toma de la Suprema Corte de Justicia; 05-ene-2010: toma del Banco de México; 06-ene-2010: toma de Televisa y TV Azteca; 07-ene-2010: toma del Palacio Nacional, y el 08-ene-2010: toma de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Campo Militar No. 1.

Lo anterior son medidas políticas, de corto plazo, para el “programa nacional de lucha” de La otra campaña.

Hay que arrebatarle el país a los extranjeros e iniciar un verdadero cambio social en el año 2010, se dice. “El gobierno de facto de Felipe Calderón ha cedido ya todas las facultades esenciales del Estado a los poderes transnacionales con la complicidad de la cúpula del PRI (Luis Javier Garrido)”. Y como espurio y usurpador, Calderón es “sólo un mequetrefe que sirve sólo para darle al pueblo atole con el dedo (AMLO)”.

Al diablo con las instituciones y si se puede formar en julio un núcleo duro de diputados federales y senadores patriotas y responsables, eso sólo sirve en la perspectiva de darles cobertura institucional a las luchas del pueblo (Oaxaca, Guerrero, Veracruz, mineros, indígenas) y para ayudar a preparar —desde las entrañas del monstruo— la integración de una Asamblea Constituyente. Casi llega la hora de los hornos, estamos a meses del inicio de la insurrección. ¡Viva la Revolución!

Y ¡viva!, por ahora, el líder de las masas trabajadoras y oprimidas (en tanto abra la puerta de la insurrección y la revolución; ya luego se verá). Pues si usted piensa que AMLO, su gobierno legítimo, sus teóricos y voceros trascenderán así nada más la revolución, está muy equivocado. Quizá algunos se queden, pero los nuevos gobernantes en verdad serán otros equipos. Militantes disciplinados, serios, curtidos. Profesionales de la revolución, no diletantes debiluchos y habladores. AMLO y su gobierno legítimo son nada más una fachada útil, necesaria, para abrir el camino insurreccional. Trabaja para otros y lo hace bien, pues cree recuperar la Presidencia que “la mafia le robó”.

Un detalle: permitir la salida de todos los presos es un guiño inteligente y astuto: “es la revolución un perdón y una nueva oportunidad”, se nos explica, y “más valen mil culpables libres que un inocente preso”. Señores del crimen organizado: quizá podrían cooperar con la insurrección popular, pues la revolución les otorgará perdón y una nueva oportunidad. Y si no, ¡luego los volveremos a agarrar! De aquí a “la toma de los espacios de gobierno” (enero de 2010), se reconoce al menos un común objetivo: permitir la salida de todos los reos del país (ustedes: los suyos; nosotros: los nuestros). Los enemigos de mi enemigo pueden ser mis amigos. Al menos por un tiempo. Y si los primeros encabezan empresas nacionales o transnacionales (aun cuando sean criminales), qué se puede hacer. Para alcanzar el derrocamiento del gobierno, el movimiento patriota y popular está cambiando de aliados. Para nada se necesita a Los Chuchos; a otros, sí.

Esa es una de las razones principales por las cuales el gobierno legítimo también se solidariza con el heredero de Napoleón Gómez Sada y sus socios. El sindicato minero tiene sus principales secciones en el norte del país, donde AMLO es visto casi como una curiosidad. Por ello en las medidas no se menciona el cierre de los puentes internacionales; se ha intentado pero el fracaso queda expuesto en minutos. Hay conciencia de esa debilidad estructural del pueblo bueno en el norte y ahora se buscan formas de subsanarla.

Pareciera entonces que estamos llegando a una situación límite, en la cual las elecciones generales intermedias no servirán de mucho para superar la situación. Entonces hay que ir más allá de lo electoral y, desde el gobierno, proponer medidas políticas globales. Las cuales podrían incluir el ofrecer reales garantías en la lucha contra las empresas criminales. Y también una ley de amnistía que beneficie, para empezar, a los presos por Atenco.

Eduardo Valle se graduó en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM. Fue dirigente del Partido Mexicano de los Trabajadores, diputado federal y asesor del procurador general de la República, Jorge Carpizo.