El Sindicato anunció que presentará un amparo para evitar que la empresa que preside el virtual Germán Larrea proceda a retomar la mina.Muy poco le duró el gusto al Sindicato que unas horas antes de este laudo festejaba el hecho de que la misma declaró legal la huelga que estalló desde hace más de un año. Sin embargo, la JFCA y la Secretaría del Trabajo explicaron que el ejercicio del derecho de huelga suspende los proceso de conflictos de naturaleza económica, pero en este caso lo que presentó Minera México es un conflicto colectivo de naturaleza jurídica y demostró que Cananea no puede seguir operando en las condiciones actuales, ya que la empresa requiere primero retomar las instalaciones y hacer una evaluación para determinar el monto de inversiones que tendrá que realizar para abrir esta importante fuente de empleo. Hay que recordar que Minera México y la STPS hicieron múltiples intentos por llegar a un acuerdo con el Sindicato que estalló la huelga no por demandas salariales sino para presionar a la empresa a que levantara los cargos en contra de Napito, quien sigue en Canadá y enfrenta un proceso legal para ser extraditado a México. Aunque el laudo de la JFCA se emitió el martes a medianoche, no es cierto, como sostiene el Sindicato, que se haya legislado en fast track, ya que fue desde el pasado 20 de marzo cuando la empresa presentó el recursos para terminar las relaciones colectivas e individuales de trabajo con los trabajadores sindicalizados y de confianza porque la mina no está hoy en condiciones de seguir operando tras 20 meses de huelga y de saqueo y destrozos a las instalaciones. Además de presentar el amparo que seguirá aplazando la solución al problema, el Sindicato protesta porque la JFCA no obligó a la empresa a pagar los salarios devengados desde el inicio de la huelga a los mil 100 trabajadores sindicalizados, sino a la mínima indemnización que marca la ley que son tres meses de salario más prima de antigüedad de 12 días de salario por cada año de servicio. La mejor prueba de la intransigencia del sindicato minero es que finalmente la sección 64 decidió levantar la huelga que había estallado desde el pasado 8 de febrero en la empresa Met Mex de Peñoles en Torreón, Coahuila. El absurdo es que el Sindicato aceptó un incremento salarial de 6% directo al salario más 1% en prestaciones que era la oferta que desde un principio presentó Peñoles. Desde luego el Sindicato está furioso en contra de Javier Lozano, el secretario del Trabajo, a quien afortunadamente no le tiembla la mano para aplicar la ley y no ha cedido a las presiones y chantajes de Napito y sus huestes. SIGUEN PROBLEMAS CON PRODUCTORES DE CARBÓN El conflicto que se agrava es el de los productores de carbón de Coahuila, que protestan por la subasta que realizó la CFE, que dirige Alfredo Elías Ayub, para comprar carbón que como ya le informamos obtuvo a un mejor precio y mayor calidad. Los productores que cuentan con el apoyo del gobierno de Coahuila mantienen un bloqueo a las plantas de la CFE, y Altos Hornos de México, que preside Alonso Ancira, envió ayer un comunicado a la BMV informando que por este bloqueo no ha podido entregar a la CFE el carbón térmico, lo que sin lugar a dudas afecta a la empresa, porque es su principal proveedor. Se trata de otro chantaje, en este caso no a una empresa privada, sino del gobierno que realizó un proceso transparente de subasta y es inadmisible que en aras de defender los intereses de un grupo de productores se pretenda afectar al erario público con este tipo de chantajes y abierta violación a la ley a través de estos bloqueos. AMELAF, SIGUEN LAS PROTESTAS La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmaceúticos (Amelaf) redobló su cabildeo para presionar al Congreso para que se otorgue una prórroga a la renovación de registros sanitarios que vence en febrero próximo. Aunque la Amelaf, que agrupa a menos de 50 laboratorios de un total de 260 del país, asegura que toda la industria está a favor de la prórroga, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), que preside Jaime Uribe de la Mora, envió a la Cámara de Diputados una carta en la que exhorta a respetar los tiempos previstos por la reforma a la Ley General de Salud de 2005, que estableció el plazo de cinco años para renovar los registros sanitarios. |