A pesar de la presión que ejerce la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), que dirige Ricardo Romay Wisbrun, no habrá una prórroga a la renovación de registros de medicamentos bioequivalentes que vence en febrero próximoMiguel Ángel Toscano, titular de la Cofepris, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, explicó que no son válidos los argumentos que utiliza la Amelaf para demandar una prórroga, porque el proceso inició desde hace 10 años y desde enero de 2005, cuando se modificó la ley, se estableció un plazo para que todos los laboratorios demostraran que sus medicamentos realmente son intercambiables. Uno de los argumentos de la Amelaf para demandar la prórroga es que la Cofepris no publicó el reglamento sino hasta enero de 2008, es decir, tres años después de que se modificó la ley, por lo que exigen que les sea compensado este tiempo con una prórroga de tres años. Piden también que se publique en el Diario Oficial un nuevo marco con todas las normas definitivas. Sin embargo, Toscano señala que la gran mayoría de los laboratorios —más de 160 de un total de 260— ya iniciaron sus registros e insiste en que el reglamento está ya publicado desde enero de 2008. La Cofepris ha recibido ya también la mayoría de los registros de renovación un total de 5 mil. Niega también como sostiene la Amelaf que los costos del registro sean de hasta 1.5 millones de pesos. Explica que no todos los medicamentos requieren realizar las mismas pruebas de bioequivalencia y que los laboratorios que demuestren sanas prácticas pagan un promedio de 42 mil pesos por derechos de renovación, que aplica a 45% de los medicamentos que se venden en el mercado. Sólo los medicamentos que requieren estudios de intercambiabilidad, que son menos de 45%, son los que pagan según Toscano un promedio de 600 mil pesos y un máximo de un millón de pesos para los más complejos, y recuerda que estamos hablando de un mercado de ventas anuales de 14 mil millones de pesos. Tanto la Cofepris como la Secretaría de Salud defienden desde luego el programa de renovación de registros sanitarios porque asegurará una mejor calidad en la venta de medicamentos y México es uno de los pioneros a nivel mundial La Amelaf, por cierto, representa alrededor de 8% del mercado, agrupa a 35 laboratorios y Toscano explica que la razón por la cual el único organismo del sector que demanda la prórroga en el registro es porque tienen problemas para demostrar la calidad de sus medicamentos y la gran presión es que se eliminó ya el requisito de planta, por lo que el 5 de febrero del año próximo se permitirá ya importación de todos los medicamentos. TELEFÓNICA VS TELMEX, NUEVO ROUND Uno de los muchos temas que tendrán que resolver Héctor Osuna, presidente de la Cofetel, y Juan Molinar Horcasitas, el titular de la SCT, quien no puede seguir nadando de muertito ante los problemas del sector, es la nueva denuncia —una rayita más al tigre— que presentó Telefónica que preside Francisco Gil Díaz en contra de Teléfonos de México por no cumplir con el programa de consolidación de 70 aéreas locales. Lo que sorprende es que Telefónica le recuerda a Osuna —¿o será una amenaza?— que el artículo 9-E de la Ley Federal de Telecomunicaciones en su inciso IV y el 38, fracción III, establece que “los Comisionados elegirán por mayoría de votos al Presidente de la Cofetel por un periodo renovable de cuatro años”. Telefónica demanda a Osuna que cumpla con sus funciones, que no sólo investigue los hechos sino que aplique la más enérgica sanción a Telmex que sería revocar su concesión. Por su parte, Telmex argumenta que se opone a la consolidación de las Asl porque beneficia principalmente a Telefónica. AMIS, REELECCIÓN DE GIL ANTÓN El 18 y 19 de mayo se realizará la asamblea de la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en la que será reelecto Juan Ignacio Gil Antón, de GNP como presidente. Uno de los temas que se abordarán serán las estrategias frente a la crisis ya que tanto las empresas como las personas físicas tienden a reducir sus gastos en seguros ante la contracción económica. Entre las alternativas está la revisión caso por caso de las pólizas de daños y vida con medidas como aumentar el deducible en algunos riesgos para abaratar el costo de las primas. Lo que sí de plano se quedó otra vez en el ya merito es el seguro obligatorio de automóviles, porque no hay voluntad política de los gobiernos federal y estatal para implementarlo a pesar de que a quien realmente se beneficia es al peatón y no a las aseguradoras. |