Purificación Carpinteyro no filtró las grabaciones de Luis Téllez. Lo puedo decir con la contundencia de ser quien recibió los audios y los difundió en Reporte Índigo.
Y estoy dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad judicial para dejar constancia, bajo juramento, de que la ex subsecretaria no es responsable de los cargos que pretenden fincarle.
Como periodista que responde a su código de ética, nunca revelo mis fuentes de información. Pero eso no incluye el que pueda revelar quién no me dio las grabaciones. Y Purificación Carpinteyro no fue.
Pero todo este juego de denuncias sólo esconde el debate real. Y eso es lo que hay detrás de lo que dice el renunciado Luis Téllez.
No defendemos el acto ilegal de grabar conversaciones telefónicas. Hay que investigar y penalizar en consecuencia. Pero eso es dar con la identidad de Garganta Profunda, el filtrador. Eso no elimina el Watergate.
Lo que sí tenemos derecho a saber son los entretelones de la disputa entre la SCT y la Cofetel. Un pleito de intereses tan sórdidos que lleva a un doctor en Economía del MIT a calificar a sus colegas reguladores como “estos putos”, “pinches traidores” y “que se lo metan por el c…”.
Lo que deseamos conocer es con qué autoridad Luis Téllez usó el nombre del Presidente a sus espaldas. Y por qué ese abuso no tiene consecuencia alguna. Por qué insistir en disfrazar la remoción como renuncia.
¿Qué le debe Calderón al renunciado para que a pesar de tan evidente deslealtad todavía se lo lleve a convalecer como su asesor económico a Los Pinos, con cargo a nuestros impuestos?
Pero el mayor daño del Tellezgate es la confirmación de la bipolaridad política que padece el Presidente. Por un lado, pide en sus discursos a los funcionarios que demuestren su valor civil para denunciar. Corrupción, conflicto de intereses, tráfico de influencias. Pero al que lo hace se le deja caer todo el aparato del Estado.
La injusticia es clara desde que Purificación Carpinteyro entregó de propia mano esas grabaciones a un Presidente que, indignado, le pidió que se las diera a Fernando Gómez Mont. Nadie las conocía antes.
¿Por qué si esos reveladores audios fueron puestos en mano al Presidente y al secretario de Gobernación, y ambos conocieron de su contenido, no se anunció de inmediato que existiera una indagatoria sobre su origen?
¿Por qué hasta que se escucharon las nuevas grabaciones se abrió el expediente y se ordenó una investigación?
Si procediera la acción penal, ¿serán Presidente y secretario de Gobernación corresponsables de encubrimiento al no actuar de oficio sobre el presunto ilícito?
Pero lo mismo que pasa hoy con Purificación Carpinteyro sucedió antes con el comandante Javier Herrera Valles. El ex comisionado de la PFP mandó al Presidente la documentación de presuntos delitos imputables a Genaro García Luna. Calderón nunca acusó recibo. Y tras su publicación, se persiguió al denunciante hasta que se le llevó a la cárcel.
Después de estos casos, ¿existirá algún funcionario que tenga el valor civil para denunciar? No lo creemos.
El idealismo político que caracterizó al ahora Presidente en su ascenso al poder se desmorona. Está secuestrado por los poderes fácticos. Los hechos dan fe de la impurificación de Calderón.
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