No existe poder capaz de una sanción ejemplar a malos gobernantes

Porque en efecto, el Estado en su conjunto es mucho más fuerte que los flagelos que pretenden debilitarlo; por más peligrosa que sea la violencia, por más desbordados que se encuentren los cárteles criminales y de la droga, por más incapaces que sean las instituciones responsables de la seguridad y de impartir justicia. En el fondo, el Estado es más que un todo —el conjunto institucional, los tres órdenes de gobierno, los tres poderes, los sectores político, económico y social—, es la suma de sus partes.

Pero muy pocos de quienes defienden la fortaleza del Estado ante los embates que intentan debilitarlo, se han ocupado precisamente de la salud de esas partes; en especial de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes de la Unión. ¿De qué estamos hablando?

En el primer caso, el de los gobiernos municipal, estatal y federal, muy pocos estudiosos han advertido de la feudalización resultante de la llamada “pluralidad democrática” en el poder, de que a la fragmentación del presidencialismo resultante de la caída del PRI, y nos paramos frente a un barril de pólvora que —para efectos prácticos—, estimuló el crecimiento del crimen organizado y el narcotráfico.

Es decir, que con la desaparición del eje articulador del poder presidencial en manos del PRI —que era vertical, autoritario, pero al tiempo controlador de municipios y gobiernos estatales—, y con la llegada al poder de gobiernos azules o amarillos a municipios y entidades federativas, se creó el clima ideal para la coagulación territorial en feudos tricolores, azules o amarillos, lo que a la postre permitió el control regional de las bandas del crimen organizado.

Si en los tiempos de la hegemonía del PRI en los tres órdenes de gobierno las bandas criminales negociaban con la cabeza de la pirámide, hoy los barones del crimen y la droga lo hacen —para poner un ejemplo a nivel estatal— con un alcalde tricolor, con el gobernador amarillo y con diputados azules del Congreso local. La pluralidad en los tres órdenes de gobierno no sólo fracturó la vieja estructura del poder presidencial vertical, en donde el presidente de la República mantenía el control total, sino que facilitó la negociación criminal por regiones.

Y es que a partir de la llegada de los gobiernos del PAN y PRD en los niveles municipal y estatal, no pocos de esos gobiernos —y claro, con ello los congresos locales, las comisiones de derechos humanos, de transparencia, etcétera—, se convirtieron en verdaderos virreinatos en donde la cúspide del poder es el gobernador en turno —sea tricolor, azul o amarillo—, los cuales no obedecen más a dictados del centro y menos del Presidente de la República —aunque sea de su propio partido, el azul—, al grado que son dueños y señores de todo lo que pasa en su entidad.

No pocos de esos virreyes tricolores, azules o amarillos han pactado con el crimen organizado —en el mejor de los casos—, mientras que otros tantos están sometidos por el poder fáctico de los criminales organizados y el narcotráfico, que compra, corrompe, financia, seduce y, como resultado, somete. ¿Cuántos gobernadores, alcaldes, diputados locales, federales, senadores, le deben sus cargos al narcotráfico. ¿A cuántos financió el crimen organizado para acceder al poder? ¿Cuántos otros llegaron a los gobiernos ya como caballos de Troya de azules, tricolores o amarillos?

Lo cierto es que bajo las actuales reglas que regulan la operación del Estado mexicano, no existe ningún contrapeso, control, sistema de vigilancia y sanción hacia los gobernadores. Son virreyes absolutos, dueños de vidas, carreras y fortunas; son capaces de cualquier acuerdo, negociación, pacto, que lo mismo puede convertir tal o cual entidad en el reino del crimen, que puede transformarse en la entidad que con más fuerza combate a esos flagelos.

¿Cuántos gobernadores —además del caso escandaloso de Mario Villanueva— han sido enjuiciados por sus incapacidades, dilates, malas gestiones, vínculos con criminales organizados y narcotraficantes? ¿Cuáles son las reglas constitucionales —además del ineficiente juicio político— para sancionar a un mal gobernante; sea alcalde, gobernador o presidente de la República?

El problema no parece quedarse en un Estado fallido —a partir de la incontenible ola criminal—, sino que va mucho más allá; parece estar en la incapacidad del Estado para impedir los feudos políticos y de gobierno, que se traducen en feudos del crimen y en islas donde reina y florece la impunidad, los gobiernos fallidos.

Apasionado del periodismo, así explica el autor su dedicación de más de 10 años a este espacio donde se afana en traducir, aclarar y revelar los entretelones de críptico ámbito que es la política. Su trabajo requiere análisis, conocimiento y paciencia para poner en su lugar las piezas del acertijo. Le intriga también la literatura, aunque asegura que ninguna novela es más interesante que la realidad política.