Todo el que ha enfrentado un procedimiento judicial —sea local o federal, penal o civil— sabe que la “impartición de justicia” tiene precio.

Y no sólo nos referimos a los evidentes actos de corrupción en no pocas de las estructuras del Poder Judicial —sin duda penetradas por los cañonazos del narcotráfico—, sino a lo que ocurre en el llamado “México real”. Es decir, todos saben que salir airoso o no de un proceso judicial depende —en buena medida— del dinero que “se invierta” en abogados. Bajo esa premisa, nadie puede negar que la justicia tiene precio. O si se quiere, que sólo existe justicia para los ricos.

Y viene a cuento el tema porque hace pocos días —en la escala que hizo en Chile en su periplo por el sur del continente—, Felipe Calderón propuso que la Operación Limpieza —purga de policías implicados en el narcotráfico, de la PGR y la SSP— también debía aplicarse en gobiernos estatales y municipales, igual que en el Poder Judicial. La pregunta, sin embargo, no puede quedar en el aire. ¿Por qué el Poder Judicial?

Por eso, porque no sólo se trata de uno de los tres poderes de la Unión, sino de una de las instituciones del Estado encargadas de la “impartición de justicia”. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que si Ejecutivo y Legislativo han sido penetrados por el poder corruptor del narcotráfico y el crimen organizado, no está y no estuvo ajeno de esa penetración el mismísimo Poder Judicial, todo el sistema de impartición de justicia.

La diferencia es que las dos primeras instituciones y/o poderes de la Unión —Ejecutivo y Legislativo— tienen como responsabilidades fundamentales las de conducir el gobierno y articular el Estado, y reglamentar la conducción y articulación. El Poder Judicial es el responsable de hacer valer la ley de todo el edificio institucional. ¿Pero a quién compete llevar a juicio precisamente a los jueces, magistrados y ministros? Ese es el problema de fondo.

Y es que cuando el presidente Calderón propuso llevar la Operación Limpieza también al Poder Judicial, en el fondo metió a todo el Estado, a los poderes Ejecutivo y Legislativo y al propio Judicial en un brete para el que no existen muchas herramientas legales y menos políticas, y menos aún herramientas eficaces y capaces de responder a emergencias institucionales como las que vivimos los mexicanos a causa de la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico.

Acaso por eso, en clara respuesta al reclamo presidencial —y frente a un inexplicable ocultamiento del presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia—, el ministro Sergio Valls —quien, por cierto se perfila como próximo presidente de la Corte— ofreció lo que quiso ser una respuesta firme y contundente.

Primero dijo que instituciones judiciales como la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal asumen el compromiso de inhibir y/o reaccionar contra la eventual venalidad de algunos juzgadores, que con su conducta pudieran lastimar la confianza ciudadana en las instituciones. Pero aclaró que el Ejecutivo federal y los de los estados “tienen la facultad legal de depurar los mandos de sus cuerpos de seguridad, sólo por haberles perdido la confianza, incluso si no existe indicio alguno de corrupción”.

Pero dijo que en el Poder Judicial las cosas son distintas, ya que cuando se trata de jueces deshonestos, la limpia implica un procedimiento constitucional y legal para acreditar plenamente los actos irregulares. “A diferencia de otros poderes, el Judicial carece de atribuciones legales para una depuración inmediata de sus integrantes por haberles perdido la confianza o por meros indicios de corrupción… y no es por capricho o frivolidad y menos aún por colusión, sino porque así lo ordena el marco constitucional y legal”, advirtió Valls.

Luego aceptó que en el Poder Judicial “no podemos negar que puede haber algunos servidores públicos que incurran en conductas impropias, aun coludidos con el crimen organizado”, por lo que señaló que el Judicial es “un poder incomprendido”. Y puede tener razón, pero alguien debe hacer algo para comprender al Poder Judicial y darle elementos para reaccionar ante una nueva realidad: la penetración del narco.

En el camino

Una perla en Yucatán. La juez Rubí Guadalupe González Alpuche se ha prestado al despojo del patrimonio a los socios del hotel Gran Coco Bay, de la Riviera Maya. Dicen los agraviados que el dinero hizo que la juez actuara aun sin tener competencia. ¿Quién meterá en orden a la juez? Difícil, si respondemos: ¿saben cuánto vale ese hotel?

Apasionado del periodismo, así explica el autor su dedicación de más de 10 años a este espacio donde se afana en traducir, aclarar y revelar los entretelones de críptico ámbito que es la política. Su trabajo requiere análisis, conocimiento y paciencia para poner en su lugar las piezas del acertijo. Le intriga también la literatura, aunque asegura que ninguna novela es más interesante que la realidad política.