Habilitado como portavoz para la prevención de la crisis que se veía venir tras la caída del avión en que murieron altos funcionarios, tripulantes y transeúntes de la capital de la República, el secretario de Comunicaciones se altera ante quienes le preguntan sobre el curso que ha tomado la información: probables responsabilidades oficiales, incluso de su propia institución. Porque si no hubo atentado, tampoco hubo accidente en el sentido de mera casualidad. Aparecen en cambio irregularidades en la compra del avión y la contratación de los pilotos, así como —quizá lo más verificable— incapacidad o negligencia en la SCT ante una serie de comportamientos en vuelos no comerciales que frecuentemente violan normas de seguridad aeronáutica y eventualmente conducen a tragedias como la de Lomas de Chapultepec. Podrían llegar a configurarse así trasgresiones en materia de adquisiciones y contrataciones gubernamentales; imprudencias acaso delictivas a cargo de tripulantes presionados para acortar tiempos de vuelo pasando sobre protocolos de seguridad, y faltas de funcionarios que no cumplen sus obligaciones legales de supervisión. Pero no obstante que la regulación aeronáutica a cargo de la SCT justificó su centralidad en el manejo de la crisis desde el anochecer del 4 de noviembre, Luis Téllez empezó a perder altura esta semana ante las preguntas de los medios sobre las zonas grises que rodean los manejos del trágico Learjet de la Secretaría de Gobernación. El vocero y los medios A nadie escapa que el papel que desempeñó el secretario de Comunicaciones a partir de aquella noche fue el de portavoz del gobierno federal, con la misión de controlar las especulaciones sobre un atentado de las bandas criminales. El vocero —y no el medio, como proponía Marshall McLuhan— fue aquí el mensaje. Un mensaje doble. Por un lado, con el desplazamiento de las procuradurías del escenario del siniestro, y su sustitución por el vocero habilitado, el mensaje que recibió el público desde el principio fue que no se trataba de investigar delitos. Así se percibió también la temprana y repetida argumentación de Téllez de que todo apuntaba a un accidente. Y sin duda fue eficaz para disipar la percepción dominante en las primeras horas de que era un sabotaje que probaría una vez más la supremacía del crimen sobre el Estado. Por otro lado, con la elección precisamente del titular de Comunicaciones como vocero de la crisis se envió otro mensaje, dirigido a persuadir a los medios. Y el vocero fue aquí también el mensaje: el portavoz gubernamental para el manejo de los medios era a la vez el titular de la dependencia que se empeña en reconcentrar el poder de decisión del gobierno sobre los medios. Así, a la perspectiva innovadora, a la oportunidad e incluso a la calidad que por momentos alcanzó el manejo de la información por Téllez, se agregó el poder de persuasión del viejo régimen de relaciones clientelares: lo que se vio fue un regulador empeñado en imponerle sus mensajes a sus regulados, a sus clientelas: las empresas informativas de radio y televisión. Cuentas pendientes Hasta aquí, misión cumplida: en el margen quedaron las especulaciones que tenían la delantera con la especie del atentado. Pero ya en sus apariciones de las últimas horas, Téllez parece pasar del gozo del portavoz con una misión de alto impacto positivo en los medios, al pozo de las responsabilidades oficiales: al tropiezo gramatical ante los medios que le exigen rendición de cuentas sobre las probables faltas oficiales que habrían concurrido a la tragedia. Y todavía falta la suerte mayor de una buena faena de comunicación de crisis: definir con precisión el momento en que la crisis ha terminado. Ello supone conjurar dos riesgos: festinar su fin, cuando aún la crisis está viva, o prolongarla cuando ya ha pasado, con la sobreactuación informativa. Y en esos dos riesgos andamos. | 
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