I. ¿Voluntad popular? El 29 de agosto pasado, el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal votó y aprobó por fin el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo, después de un par de años de incontables negociaciones que buscaron que fuera lo más claro posible y protegiera la calidad de vida de los vecinos. Sin embargo, de manera sorprendente y me atrevería a decir inédita, el dictamen aprobado no fue el mismo que se publicó el 30 de septiembre en la Gaceta Oficial del DF. Ante la posibilidad de que se tratara de un error, la administración de Miguel Hidalgo trató de contactar a los responsables de la publicación para que se realizara una aclaración oportuna. Al no obtener respuesta, esta semana se presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

II. ¿Un error muy rentable?

El programa impulsado por esta administración buscaba acotar al máximo la discrecionalidad y asignaba en plano una zonificación directa a todo el territorio. Eliminaba los usos de suelo para “Salones de baile y peñas” y “Estaciones repetidoras de comunicación celular” en el territorio delegacional. En cambio, la versión publicada permite ambos usos en zonas habitacionales mixtas y centros de barrio. Por otro lado, en dicha versión el predio de Pedregal 24, donde el jefe de gobierno promovía la construcción de la torre Bicentenario, fue retirado de manera sospechosa y ¿fortuita? de la lista de inmuebles con valor urbanístico y arquitectónico. También, a diferencia de lo que fue votado, se elevaron las alturas y se flexibilizaron las normas de ordenación de varios predios. Las inconsistencias son graves y afectan la calidad de vida de la gente, aunque, hay que decirlo, pudieran beneficiar intereses privados.

III. ¿Confundidos?

Además de afectar la calidad de vida de los ciudadnos, las consecuencias de “errores” o “confusiones” como éstas pueden ser muy graves porque vulneran no sólo el principio democrático de la representatividad sino también la confianza en las instituciones. ¿Qué pasaría si la Presidencia de la República mandara a publicar su versión del Presupuesto y no la aprobada por el Congreso?

Estoy segura de que la Corte suspenderá provisionalmente la aplicación de este programa, que vulnera los derechos y la voz de la ciudadanía expresada por sus legisladores, y que finalmente se publicará el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano legítimo de Miguel Hidalgo.

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