(Segunda y última parte) Como se señalaba en el artículo anterior, el tema central de la Cumbre Iberoamericana tenía como proyecto el análisis del tema juventud y desarrollo. La gran crisis financiera y los efectos perversos de la recesión que amenaza, como continuidad, la economía mundial colocaron ese dilema en un primer plano y no el anterior. Ya he proporcionado, en el texto de ayer, los impresionantes datos sobre el problema demográfico y sexual de la mayor parte de la región y sus efectos sobre el desarrollo… desigual. El análisis deriva hacia la necesidad de la regulación de los mercados, cuyas contradicciones no se resuelven por vía de la mano invisible de Adam Smith, y por tanto, la responsabilidad del Estado. Pero tácitamente se deslizó la idea de que una política de Estado se remite, finalmente, a la nacionalización. No es así. El Estado es, antes que nada, la nación organizada y, paralelamente, la institución que defiende los intereses generales y no está supeditado a los intereses privados. La nación organizada y la defensa de los intereses generales no suponen el tránsito hacia el Estado-patrón. Esa deformación del lenguaje político olvida que allí donde la nación organizada no existe y donde el Estado no se ha definido por la defensa de los intereses generales, el Estado-patrón se ha caracterizado por la creación de una burocracia de Estado que, con “sindicalismos de clase”, es decir, “sindicalismos de empresa”, terminaron generando, de un lado, estados autoritarios y, del otro, deformaciones económicas, como en el caso de Pemex, que se proyectaron hacia la corrupción, ausencia de claridad en las cuentas y ejercicio dominante de una casta política vinculada a un sector estatal “privatizado” y que, por ello, hizo inviable la innovación y el esclarecimiento de los gastos públicos. La crisis financiera, producto histórico del “capitalismo de los compinches”, la codicia y la irresponsabilidad de los banqueros (su origen etimológico en griego, trapeza, trapedseistas y trapecistas, como he explicado en otra ocasión) ha revelado la imperiosa necesidad de la regulación y la presencia del Estado, pero ello no quiere decir que se repita el Estado-patrón que termina en manos de la “nomenklatura”: una tribu política autoritaria. Keynes, al que finalmente hemos recobrado por ser la cabeza más clara del siglo XX en términos económicos, no negó el mercado ni se propuso la nacionalización del sistema. Definió con claridad el papel del Estado en términos de medios de acción e intervención. Primo: la conversión del presupuesto en un instrumento básico del establecimiento de las prioridades en defensa de los intereses generales; secondo: la política fiscal como herramienta para establecer, a la vez, la justicia distributiva y potenciar los recursos de inversión en la educación y el desarrollo; tertio: una política monetaria que hiciera posible la absorción de la producción con tasas que indujeran a la inversión productiva y el empleo. En suma, Keynes no rompía con el mercado sino que le proporcionaba la regulación indispensable para estimular una inversión dirigida, a la vez, al crecimiento y el empleo. Gran parte de su Teoría general es inseparable de esa proyección. Ninguno de los países latinoamericanos que sueña con la “nacionalización” olvida que sus estados no han sido capaces ni aptos para hacer una verdadera reforma fiscal que tocase, con el ala de una paloma, un sistema caracterizado por una concentración del ingreso violenta y agresiva y, ninguno de ellos, ha generado, ni de lejos, la isonomía griega, es decir, la igualdad ante la ley ni el Estado ha representado los intereses generales ante sociedades que sufren, al no haberse asumido la connotación de la nación organizada (para todos) los fenómenos históricos de la corrupción con burocracias voraces e inútiles. |