Una de las medidas polémicas es la reducción arancelaria, que no sólo implica reducir los aranceles con los países que no tenemos firmados Tratados de Libre Comercio, sino eliminar regímenes especiales que no sólo generan distorsiones, sino que restan competitividad al hacer muy costoso sobre todo las empresas de menor tamaño el poder participar en comercio exterior.Lo que se busca también con la reducción arancelaria es compensar el efecto inflacionario de la devaluación del peso, ya que al pagar menos aranceles por las importaciones de bienes e insumos se reducirán los costos de importación y los industriales no tendrán que repercutir en sus precios al consumidor el impacto de la devaluación. Actualmente tenemos 12 TLC que abarcan a 44 países y el problema es que a lo largo de la última década se han creado una serie de programas que se han vuelto un traje a la medida no a nivel sectorial sino por empresa y que en la práctica se traducen en más de 100 mil posibles fracciones o subfracciones arancelarias dependiendo de si la importación de un bien o un insumo se realizó bajo la figura de un prosec, o programa especial; bajo la denominada regla octava; o con cupo especial; bajo el programa pytex y a través de una larga lista de opciones que no sólo dificultan la revisión en las aduanas sino que propician corrupción e ineficiencia. Se busca así no sólo eliminar los aranceles sino terminar con estos regímenes especiales que sin lugar a dudas han beneficiado a muchos sectores y empresas que hoy están furiosos en contra de Lorenza Martínez, la nueva subsecretaria de Industria y Comercio, quien está al frente de este programa y desde luego del titular de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, quienes aseguran que mantendrán la mano firme para aplicar este programa que se anunciará oficialmente en los próximos días. Simplifican padrón de importadores Quien sí estará contento con este programa es Eduardo Pérez Mota, el presidente de la CFC, porque retoman las propuestas de su opinión sobre comercio exterior. Entre las medidas que propuso la CFC y que se cumplirán parcialmente está eliminar el padrón de importadores que hoy se considera un cuello de botella porque hay una lista de más de 30 causas por las cuales un importador es dado de baja del padrón y puede tardar hasta 60 días es reactivar su registro. Si bien no se elimina el padrón sí se simplificará su registro porque se reducen las causales para dar de baja el registro y basta que una empresa al darse de alta ante el SAT especifique que entre sus actividades está la importación para que vía electrónica quede registrado como importador. Tampoco se elimina como pretendía Pérez Mota la obligación para un importador de contratar los servicios de un apoderado o un agente aduanal, pero se agilizarán y facilitarán el registro de nuevos agentes aduanales para abaratar los costos con una mayor competencia aunque lógicamente los actuales agentes aduanales están molestos con la apertura. Carpinteyro: ups she did it again A fines de octubre la subsecretaria de Comunicaciones, Purificación Carpinteyro, decidió otorgarle a Telmex la afirmativa ficta sobre un recurso de revisión que interpuso en contra de la consolidación de las áreas de servicio local, así, establecida por la Cofetel, lo que puso furiosa no sólo a la Cofetel que preside Héctor Osuna sino a todos los competidores de Telmex. Ahora resulta que Carpinteyro volvió a otorgar otra afirmativa ficta a Telmex en contra de otra resolución de la Cofetel que el pasado 27 de agosto resolvió un desacuerdo de interconexión bajando las tarifas entre GTM y Alestra con Telmex y Telnor. En ambos casos Carpinteyro asegura que no lo hace para favorecer a Telmex sino para impedir que prosperen los amparos de la empresa que dirige Héctor Slim. Sin embargo, mientras la SCT no resuelva estos recursos se frenó en el primer caso la consolidación de asl y en el segundo Telmex podrá seguir cobrando altas tarifas a GTM y a Alestra por terminar sus llamadas. Lo que más sorprende aún es el cinismo con el que la SCT anunció ambas medidas. En el primer caso asegura que se trata de “cambios que generan beneficios directos a la población” cuando en la práctica los usuarios tendrán que seguir pagando tarifas de larga distancia en lugar de locales. En el segundo caso la SCT asegura que “promoverá inversión y sana competencia en el sector de telecomunicaciones en los próximos años” cuando en realidad está frenando hoy la competencia y nuevas inversiones. |