Toda muerte provoca consternación, más aún cuando involucra inesperadamente a alguien cuya juventud revelaba un futuro promisorio o cuya plenitud era garantía de que todavía le faltaba mucho por dar a la sociedad. Pero la fatalidad que cercenó la vida de Juan Camilo Mouriño no lo convierte automáticamente en el prócer de la patria que los homenajes póstumos rendidos desde ayer por la clase política han pretendido mostrarnos. Seguramente, como todos en mayor o menor medida, Mouriño era un hombre con virtudes. Sus amigos y familiares, acaso también sus subordinados, de seguro conocían y justipreciaban sus atributos personales. Para todos ellos un sentido pésame por tan grande pérdida. Pero eso queda en el terreno de lo privado. En el público —que es el que nos toca escudriñar y evaluar a los periodistas— es evidente que la muerte lo sorprendió con un severo desgaste político que de hecho inició el pasado 16 de de enero en el momento mismo en que fue nombrado secretario de Gobernación. La percepción general en días recientes era que el malogrado titular del despacho de Bucareli se había convertido en un pesado fardo para su jefe, quien por lo que dijo ayer en la ceremonia luctuosa que encabezó en el campo militar Marte, estaba absolutamente convencido de su eficacia política y seguro de que su colaborador y amigo fue víctima de la maledicencia de críticos y calumniadores. Incluso le recitó las bienaventuranzas evangélicas. Pero Mouriño, en términos prácticos, quedó políticamente inhabilitado desde el 18 de marzo pasado, cuando se supo y documentó que siendo diputado federal y luego alto funcionario de la Secretaría de Energía, firmó contratos con Pemex como representante legal de la empresa de su padre. Aunque una comisión del Congreso conformada a modo lo exoneró de esa condición de traficante de influencias, Mouriño quedó imposibilitado de cumplir a cabalidad con su función sustantiva, la de la negociación política para sustentar la gobernabilidad del país. De ahí en adelante se convirtió más que en solución en un problema para su jefe, a grado tal que durante los últimos días creció el rumor de que estaba por ser relevado del cargo. De manera que su lamentable muerte no lo convierte en el prócer que no era, aunque las cosas cambiarían un poco a su favor si llegara a comprobarse que fue objeto de un atentado. Un hecho de esa naturaleza tampoco lavaría sus errores políticos, aunque sí lo convertiría en una víctima, la de más alto nivel político, de la guerra que abiertamente y sin cuartel emprendió contra el narcotráfico el gobierno del que formaba parte. De ser un sabotaje estaríamos, además, frente a una preocupante reacción que no necesariamente provendría de los secuaces de los capos detenidos y encarcelados recientemente, sino de sus verdaderos jefes infiltrados en las mismas esferas del poder. El mensaje de la SCT en torno a los hechos es en el sentido de que se trató de un accidente, lo que se contrapone al discurso pronunciado por Calderón la noche del percance y que entre líneas parece sugerir que su colaborador y amigo había sido víctima de esa guerra, lo que de ninguna manera lo amedrentaría. Ese discurso es, acaso, el que fortaleció la percepción, producto de una ancestral desconfianza a lo que nos dice el gobierno, de que se trató de un atentado, lo que es consecuente con la estrategia de comunicación emprendida para no soltar los amarres ya conseguidos con las fuerzas políticas representadas en el Congreso con la aprobación de la reforma petrolera y llamar a cerrar filas en torno a Calderón. No parece haber hasta ahora evidencias de un atentado. Yo en lo personal no las veo. Lo que sí veo, más allá del dolor privado, es una estrategia que con la creación de mártires, refuerza el sentimiento de que sin una unificación incondicional con el gobierno que deseche cuestionamientos o protestas sociales, el país no remontará el actual ánimo de zozobra. (rrodriguezangular@hotmuail.com) |