Esto ha obligado a la SCT a diferir licitaciones por demás importantes como Punta Colonet y el nuevo aeropuerto de la Riviera Maya. La mala noticia es que se tendrá que retrasar también la licitación del nuevo paquete del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Carreteras Concesionadas (Farac), que como ya se sabe ya está integrado al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que dirige Federico Patiño. En este paquete denominado Pacífico están incluidas tres importantes carreteras: Guadalajara-Tepic; Culiacán y Mazatlán y Los Cabos, y como en el caso de los otros paquetes del Farac, incluye el compromiso de los ganadores de construir 10 nuevas carreteras. La licitación estaba programada para iniciar en diciembre, y como en el caso de Punta Colonet, no hay todavía una nueva fecha, pero el objetivo de la SCT y del Fonadin es meter el acelerador a fondo a partir de 2009. El problema de fondo son las grandes empresas constructoras, que hasta hace unos meses se peleaban por participar en estas licitaciones; hoy no tienen acceso a fuentes de financiamiento porque auténticamente está cerrada la llave para los grandes proyectos de infraestructura, en lo que se considera ya como la restricción crediticia más severa que se haya registrado no sólo en México, sino a nivel mundial. La buena noticia es que el gobierno no está de brazos cruzados ante esta crisis y se buscan diversas soluciones para que el sector de infraestructura realmente sea un motor de crecimiento en un año recesivo como 2009. Desde el punto de vista de regulación, se aprobaron ya cuatro importantes cambios al marco jurídico para terminar con los cuellos de botella que frenaron las inversiones en los últimos dos años. Por un lado se permitirá que las dependencias gubernamentales se puedan adjudicar directamente, es decir sin licitación, los contratos de estudios de proyectos de infraestructura a consultores mexicanos. Por otra parte, habrá finalmente un castigo para las empresas que impugnan las licitaciones sin motivo y que se ha convertido en un juego favorito de muchas empresas, que ahora tendrán que pagar daños y perjuicios cuando el juez determine que la impugnación era infundada. El tercer cambio legal es que las empresas constructoras interesadas en la licitación ya podrán participar también en la presentación de los estudios y proyectos, fomentando el desarrollo de firmas de ingeniería. Finalmente el cuarto cambio legal que en opinión de Federico Patiño será uno de los más importantes para generar una fábrica de proyectos es que las empresas privadas podrán identificar proyectos de infraestructura desde carreteras, aeropuertos, puertos, plantas de tratamiento de agua, desechos o generación de energía, etc., y desarrollar los diversos estudios que se requieren para una licitación. Si el gobierno estatal o federal aprueba el proyecto, estas empresas podrán participar en la licitación; y si gana otro grupo, les pagarán el costo de los estudios. NUEVO FINANCIAMIENTO “ENGRAPADO” En cuanto al problema del financiamiento, el Fonadin prepara ya un esquema innovador, que es el financiamiento “engrapado” o staple finance, como se denomina en inglés, que básicamente consiste en que el Fonadin garantiza al ganador deuda subordinada hasta por 20% del total del proyecto. De esta forma los consorcios interesados no tendrán que conseguir, como sucedía antes de la crisis, un financiamiento por 80% sino por 45%, porque 20% estaría aportado como deuda subordinada por el Fonadin y 25% por el capital de la empresa ganadora. Lo que implica la deuda subordinada es que el acreedor, en este caso el gobierno, queda por debajo de la deuda senior, la que otorgan los acreedores directos que tienen la prioridad de cobrar en caso de quebranto de la empresa. El nuevo esquema aún está bajo análisis y desde luego tendrá que ser primero aprobado por el Comité técnico del Fonadin, porque la gran interrogante es si realmente con 20% de deuda subordinada habrá ya un atractivo para invertir en grandes obras de infraestructura en México, ya que prevalece aún la incertidumbre sobre la magnitud de la recesión en estados y el margen de maniobra del nuevo gobierno de Barack Obama, quien tomará posesión hasta el próximo 20 de enero. SIN AVANCE NACIONAL EN REGULACIÓN Malos resultados arrojó la Encuesta 2007 sobre la calidad del marco regulatorio en las entidades federativas del CEESP. El promedio nacional fue de 69.5%, que implica reprobar porque el mínimo sería 73.3%; además hay retrocesos en rubros importantes como el número de días para abrir un negocio, que aumentó de 39 a 44 días, aunque es un mejor resultado frente a los 71 días registrados en 1999. | 
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