En cuanto se estableció la identidad de los altos funcionarios que murieron en la tragedia de las Lomas, resultó prácticamente imposible encontrar una voz del público dispuesta sin más a aceptar la versión de un accidente.

Lo que hay que comprender en este tipo de reacción es la necesidad humana inicial de encontrar explicaciones inmediatas a los sucesos significativos, en busca de la seguridad perdida —o de la estabilidad afectada— por hechos traumáticos como los del anochecer del martes.

Enseguida es necesario prever la forma en que una comunidad —en este caso la mexicana— procesa los mensajes que recibe, de acuerdo a sus experiencias, creencias y valores, así como a sus actitudes frente a los emisores de los mensajes.

Y ya se sabe que el público mexicano ha acumulado experiencias, ha afirmado creencias y valores y ha desarrollado actitudes que lo conducen a no tener mayores expectativas de puntualidad, transparencia o poder de convicción de las versiones oficiales ante magnicidios y muertes de personajes relevantes. Y allí gravita en el imaginario colectivo la calaca del fiscal Chapa Bezanilla.

Finalmente, están los efectos acumulados de una comunicación gubernamental y una cobertura de medios que sitúan al público mexicano en el centro de una guerra a muerte entre el gobierno y las bandas del crimen organizado.

Verosimilitud

En estas condiciones, no debería extrañar que la primera reacción de ese público sea asociar el hecho trágico del martes con la capacidad de fuego del bando enemigo, una vez que cayó —en plena capital de la República, a unos pasos de la residencia presidencial de Los Pinos— el avión en que viajaban dos mandos superiores en la conducción de esa guerra, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y el artífice de las estrategias y las instituciones para la lucha contra el crimen organizado, José Luis Santiago Vasconcelos.

Se trata además de un enemigo cuyos efectivos han desfilado día a día por los medios con armamento superior al de las fuerzas gubernamentales y con un aparato de inteligencia y un poder de infiltración al gobierno. Y eso no hace sino otorgarle verosimilitud y poder de convicción a la hipótesis de un sabotaje, con independencia de que llegue a comprobarse.

Ante este complejo de percepciones públicas resulta riesgoso emprender acciones rutinarias de control de daños. Porque los daños permanecerán fuera de control si no se manejan las claves con que se descifran esas acciones por parte de la sociedad.

Por ejemplo, la noche de la tragedia fue meritorio el esfuerzo del portavoz emergente del gobierno federal —el secretario de Comunicaciones— para llenar el vacío de información y tratar de contrarrestar la eficacia informativa del jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Lo que está en juego

Pero su insistencia en que no hay indicios para manejar más versión que la del accidente, completada con sus pruebas de que no hubo ninguna irregularidad en el vuelo, sólo pueden activar las suspicacias sobre el origen de la tragedia y el rechazo de un público basado en sus arraigadas creencias. Esto conspira además contra el acierto de anunciar que peritos internacionales —una probada fuente de credibilidad— dictaminarán finalmente las causas de la tragedia.

Lo que está en juego aquí no es sólo una comprobación ministerial, sino la percepción del público sobre la capacidad del Estado para cuidar siquiera a sus propias cúpulas, una vez que en diversas regiones se ha establecido la percepción de incapacidad de éste para garantizar la seguridad de los particulares frente a los criminales.

Y está en juego el siguiente paso, la urgencia del Presidente de enviar los mensajes adecuados con el nombramiento del nuevo secretario de Gobernación. Uno será el mensaje si remarca la prioridad de la guerra contra el crimen. Y otro si la prioridad es preservar los restos del grupo cerrado con la pretensión de controlar su sucesión.

José Carreño Carlón: Premio Nacional de Periodismo por artículo de fondo, director de la oficina presidencial de comunicación, son algunos datos de una trayectoria de décadas en la comunicación pública.

Profesor de derecho de la información de la UNAM y coordinador de periodismo de la Universidad Iberoamericana, realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad Nacional y los de pos-grado en Leiden (Países Bajos) y Navarra (España)