Una de las formas más despreciables de traición es aquella en la que incurren los miembros de las corporaciones responsables de combatir al crimen organizado cuando se venden a los cárteles de la droga. Cuando el enemigo está adentro, toda línea de acción se entorpece o se frustra, salvo en los casos en que se dirige contra un grupo enemigo.

¿En quién confiar? ¿Cómo saber cuántos funcionarios que participan en la planeación y ejecución de los operativos están en las nóminas de los cárteles de la droga? ¿Cómo compartir con los miembros de otras corporaciones federales o estatales información sensible, como la de la Plataforma México, ante el riesgo de que estén penetradas por la delincuencia?

Cuando el presidente Calderón decidió emprender una guerra total contra el crimen organizado, no imaginó el grado de descomposición que habían alcanzado las dependencias responsables en esta materia. Tenía que haber empezado por la casa y no por la caza de criminales, o por lo menos echar a andar una estrategia de varios frentes. Por eso se frustran muchas de las acciones, porque algunos de los responsables de combatir al crimen organizado les previenen a sus verdaderos jefes, los capos, sobre los operativos.

Los datos nos abruman. Mandos de la Policía Federal Preventiva y de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) —la instancia responsable del combate a la delincuencia organizada en la PGR— capturados o investigados por sus presuntos vínculos con los capos del narcotráfico. Los militares no escapan de esta realidad. El caso extremo de penetración en altas esferas de gobierno ocurrió hace más de 10 años (en febrero de 1997), cuando se descubrió que el general de división Jesús Gutiérrez Rebollo, zar antidrogas, estaba en la nómina de Amado Carrillo Fuentes. Tampoco se salvan los jueces y magistrados que, por miedo o corrupción, dictan sentencias absolutorias o reducen las penas de criminales.

Son incontables los casos de jefes y comandantes de corporaciones policiales, de agentes del Ministerio Público y funcionarios de la PGR que venden protección al crimen organizado. Y los que faltan.

Lo frustrante es que, una y otra vez, cuando se descubren incidentes que involucran a funcionarios en posiciones “clave”, las autoridades ofrecen, ahora sí, crear nuevos grupos “blindados” e implantar estrictos sistemas de “control de confianza”. ¡Pero hace más de una década que se estableció en la PGR el Centro de Control de Confianza que debe aplicar exámenes médicos, toxicológicos, sicológicos, de situación patrimonial y el detector de mentiras! Sin embargo, como es evidente, los estudios no han servido para garantizar la confiabilidad de los funcionarios, quizá porque los exámenes se aplican discrecionalmente (los mandos superiores llegan a disculpar su aplicación en ciertos casos), o porque ya se han encontrado las formas para vulnerarlos.

Otro dato inquietante es que, con frecuencia, las detenciones responden más a pitazos de bandas enemigas o denuncias ciudadanas que a trabajos de inteligencia de las corporaciones mexicanas, y que los grandes golpes como el hallazgo de una fortuna (2 mil 313 millones 164 mil 123 pesos) en dos inmuebles del señor Zhenli Ye Gon y las operaciones de “limpieza” responden más a investigaciones y presiones de agencias estadounidenses, como la DEA, que al trabajo de las policías mexicanas. Hay evidencias de que todo el operativo que llevó a descubrir hace unos días la infiltración en la SIEDO derivó de las delaciones de un testigo protegido en manos de las autoridades estadounidenses.

Y mientras la descomposición institucional se desborda, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, decide asumir directamente la dirección del operativo en el Senado durante la votación de la reforma petrolera, como si fuera el jefe de un grupo de reacción inmediata y no un secretario de Estado. Es decir, tanto en la PGR como en la SSP falla la inteligencia.

Alfonso Zárate Flores, director general de Grupo Consultor Interdisciplinario, S.C. (GCI), es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestro en Sociología Política por The London School of Economics and Political Science.

En el sector público fue, entre otros cargos, director general de Análisis Político en la Presidencia de la República, asesor del secretario de Relaciones Exteriores, asesor del subsecretario de Gobernación y en el ámbito académico fue director de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos (IMRED) y la Universidad Iberoamericana (UIA).

Es autor y coautor de numerosos ensayos y artículos y de varios libros, entre ellos, Los usos del poder, Fin de siglo, fin de ciclo y Fox: los días perdidos.