I. ¿Para qué sirve la transparencia? Un gobierno transparente es menos corrupto y más democrático. En estado transparente, todos los servidores públicos estamos sujetos, por definición, al escrutinio de la ciudadanía. Sin embargo, la transparencia tiene beneficios inesperados. Por ejemplo, es común que mujeres divorciadas soliciten información sobre el estatus laboral y salario de sus ex esposos que trabajan en el gobierno para poder obtener una pensión alimentaria para sus hijos.

Garantizar el derecho a la información en el DF no ha sido nada sencillo. La primera Ley de Transparencia de la ciudad fue aprobada por unanimidad en agosto de 2002, pero el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, la vetó. Tuvieron que pasar dos años y una resolución de la Suprema Corte para que los capitalinos gozáramos de este derecho.

II. ¿Hemos avanzado? La transparencia en la ciudad ha avanzado a pasos agigantados: en 2004 (primer año de aplicación de la ley) se ingresaron 2 mil 665 solicitudes a todas las dependencias públicas, en 2007 se realizaron casi 20 mil, y la tendencia es que sigan en aumento. La ciudadanía está cada día más consciente de que preguntar a su gobierno no sólo es fácil sino que es su derecho. Tan sólo en la delegación Miguel Hidalgo, las solicitudes de 2008 prácticamente han doblado a las de 2007, antes de que termine el año. Por fortuna, los tiempos de respuesta son cada vez menores y las respuestas que satisfacen a los ciudadanos son cada vez más.

III. ¿En dónde estamos? La última reforma a la Ley de Transparencia del DF se publicó el 27 de marzo del presente. Las modificaciones incluyen el principio de “máxima publicidad”, que implica que en caso de duda al interpretar la norma, la autoridad deberá publicar la información. Aumentaron considerablemente en número y profundidad las obligaciones de transparencia. Ahora, por ejemplo, es nuestro deber publicar de oficio no sólo quién gana una licitación, sino a los competidores. También aumentaron los sujetos obligados a transparentar sus funciones, incluyéndose por primera vez a partidos políticos y sindicatos.

Cumplir con las nuevas disposiciones implicará un trabajo constante de los entes públicos, pero será también un buen indicativo de su vocación democrática.

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