Una investigación de la PGR concluyó que el camarógrafo de EU Bradley Roland Will fue asesinado por un militante o simpatizante de la APPO, quien le disparó, primero de frente, en el abdomen, a dos metros de distancia; y minutos después, con la misma arma, en el costado derecho, cuando era llevado a recibir atención médica. Todo esto en medio de un enfrentamiento con policías en el poblado de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, el 27 de octubre de 2006, hace casi dos años, durante la fase más crítica de las protestas populares y magisteriales que exigían la renuncia del gobernador Ulises Ruiz. El MP federal incrimina como presunto asesino a Juan Manuel Martínez Moreno y acusa de encubrimiento a otras nueve personas que son, por cierto, los que llevaban a Will en busca de auxilio médico. Esta investigación de la PGR, dada a conocer el viernes, coincide con la realizada por la entonces procuradora de Oaxaca Lizbeth Cañas y se contrapone a la que, como parte de sus atribuciones, realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Ésta concluyó que los dos disparos que segaron la vida del camarógrafo de Indy Media fueron realizados a más de 35 metros y provinieron de la zona en la que policías vestidos de civil disparaban contra las protestas. La hipótesis de la PGR se vislumbra endeble porque no muestra hasta ahora sustento. Ni el subprocurador Víctor Emilio Corzo Cabañas ni el fiscal para delitos contra periodistas, Octavio Alberto Orellana, quisieron mostrar el viernes —con el argumento de la secrecía de las investigaciones— las actuaciones periciales que los llevaron a esa conclusión. La de la CNDH, al contrario, está respaldada en periciales que el lunes pasado mostró y explicó profusamente su quinto visitador, Mauricio Farha. La afirmación, por ejemplo, de que el arma fue accionada a 35 o 40 metros, está sustentada en la versión del fabricante de ese tipo de pistolas, calibre 38 especial, en el sentido de que sus balas recorren esa distancia en 165 milésimas de segundo, lo que coincide con los análisis realizados al audio de las imágenes captadas por el propio Will, en los que se advierte que hay 166 milésimas de segundo entre el disparo y el impacto en el cuerpo del camarógrafo. Si el agresor hubiera accionado el arma a dos metros de la víctima, como afirma la PGR, no habría sido posible percibir ni identificar lapso alguno entre disparo e impacto. Acaso por eso no contraponen periciales de audio y prefieren insistir que es muy difícil atinar en un blanco a más de 30 metros, con gente atravesándose, lo que acaso muestre un error de origen, creer que hubo la intención de matar a Will en lugar de suponer que fue una de las víctimas alcanzadas por las balas de la refriega. El caso es que los padres de la víctima no creen en la investigación de la PGR como tampoco creyeron en la de la Procuraduría de Oaxaca. Sus razones deben tener y sobre todas una, que los peritajes que ellos solicitaron al Programa Internacional de Forenses, uno de ellos de la ONU, coinciden con las conclusiones de la CNDH. Instantáneas 1. PREOCUPACIÓN. Amnistía Internacional advirtió en un comunicado que Juan Manuel Martínez Moreno está en riesgo de ser torturado y obligado a confesar en la prisión oaxaqueña de Santa María Ixcotel, donde fue recluido desde el viernes pasado como presunto asesino de Brad Will. 2. AVAL. El grupo técnico asesor del Frente Amplio Progresista, entre quienes se encuentran Rolando Cordera, Jorge Eduardo Navarrete y Javier Jiménez Espriú, avalaron ayer la reforma de Pemex. Dijo, en un comunicado, que “hasta el momento ha desembocado en un resultado que conjura el peligro privatizador y que puede respaldarse plenamente” 3. DUDAS. Desde el lunes por la noche asesores del FAP revisaron a detalle los dictámenes. Todavía ayer al mediodía temían que el artículo 19 de la nueva ley de Pemex estuviera reviviendo las empresas filiales propuestas por el PRI. El senador Pablo Gómez les aseguró que se trataba de las subsidiarias ya existentes. (rrodriguezangular@hotmuail.com) |