En las próximas horas el Senado de la República aprobará un dictamen de reforma petrolera que recupera algunas de las más significativas propuestas del Ejecutivo federal, el PRI y los partidos que forman el Frente Amplio Progresista (FAP). De ahí, la minuta pasará a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva. Contrario a lo que parecía perfilarse —el fast track, el “mayoriteo” de PAN y PRI—, lo que hemos constatado es el despliegue de los instrumentos de la política y la práctica parlamentaria: debate informado, negociación transparente, acuerdos puntuales. A lo largo de varios meses se abrieron cauces para un proceso sin precedente, como lo ameritaba la reforma petrolera, uno de los temas más sensibles para los mexicanos. A lo largo de más de 50 días se confrontaron diagnósticos, visiones y propuestas en foros abiertos organizados por el Senado; las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión construyeron propuestas alternativas a las del Ejecutivo (primero el PRI y, más tarde, la de un grupo de expertos que hicieron suya el PRD, el PT y Convergencia). En un tiempo especialmente difícil para el país —“hora crítica”, le ha llamado el presidente Calderón— las principales fuerzas políticas logran un acuerdo en un tema central, y eso no es poca cosa. Sin embargo, el momento no está exento de riesgos. Queda por ver si la incorporación de las propuestas del FAP en materias sensibles evitará que algunos grupos marginales, pero muy virulentos, retomen sus viejos usos: toma de tribunas del Congreso, el cerco del Poder Legislativo por las adelitas, la descalificación sin argumentos. No sería extraño que a la agenda de la protesta social se sumen otras banderas, viejas y nuevas, como la oposición a la Alianza por la Calidad de la Educación, por ejemplo. Y ya encaminados, las movilizaciones podrían llevar a enfrentamientos con las fuerzas públicas que se salieran de cauce, como se lo proponen los provocadores, los ultras que quieren forzar las rupturas. Una facción del PRD y sus compañeros de viaje, que juegan a la institucionalidad cuando les conviene y al desbordamiento social cuando no consiguen todo, no parecen dispuestos a asumir los resultados de las reglas democráticas. Para actuar así tienen, al menos, dos razones. Una de fondo: la preocupación real porque haya “gato encerrado” y las reformas lleven a entregar Pemex a los intereses privados nacionales y extranjeros. La preocupación es legítima: después de las desastrosas experiencias privatizadoras de los últimos lustros, México, uno de los países con mayor pobreza y desigualdad del mundo, ostenta unos cuantos ricos de clase mundial. Pero hay otra más: la venganza. López Obrador no ha podido procesar su derrota, quiere infligirle los mayores costos al ejercicio de gobierno de Calderón y apuesta a generar severos desarreglos que le impidan gobernar; además, el tema petrolero le da una causa para relanzar su liderazgo social con miras al 2012. No falta mucho para constatar si quienes apuestan al “todo o nada” verán como un triunfo político la incorporación de sus principales demandas a las reformas legislativas o si insisten en la movilización callejera, el chantaje y las acciones de fuerza, lo que confirmaría lo manifestado por sus adversarios y por sectores críticos del mismo entorno: que la izquierda mexicana sufre de un grave déficit de compromiso con la pluralidad y con el sistema democrático. |
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