Un sofista es quien se vale de sofismas, y un sofisma es un argumento aparentemente cierto con el que se intenta defender algo que en realidad es falso. Que Juan Camilo Mouriño haya dicho que la reforma petrolera que avanza en el Senado no es privatizadora y que, por lo tanto, no hay motivo para la protesta o la movilización social, es un sofisma que comparten Felipe Calderón, el resto de sus secretarios de despacho, la dirigencia del PAN y los autores de la iniciativa con la que el PRI le enmienda la plana a la presentada por el gobierno. La reforma petrolera, ciertamente, no privatiza Pemex porque no vende sus activos a empresas ni permite participación privada en su capital. La reforma, sin embargo, tiene la intención de abrir la puerta al capital privado a actividades de la industria petrolera reservadas al Estado por la Constitución. Eso también es privatizar y por lo tanto los argumentos que niegan que ese sea el objetivo, son un sofisma. Luego entonces, el sector de la población que se opone a una reforma privatizadora, aún tiene motivos para la movilización social. El lunes pasado le decía que la negociación de la reforma petrolera entró en su etapa final esta semana. La próxima, acaso el martes, será votada en el Senado. Hoy empieza la negociación de las polémicas reformas a la Ley Orgánica de Pemex, y es previsible que el domingo y el lunes se dictaminen las de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional. Aunque el espíritu de la totalidad de reforma conserva el modelo privatizador, la propuesta original de Calderón ha quedado desmontada en su parte más perniciosa, la que sin rodeos ni pudor, en franca violación de la Constitución, abría al capital privado la construcción y operación de refinerías, así como el transporte, almacenamiento y distribución de los productos refinados. El PRI propuso la formación de filiales descentralizadas, de propiedad 100% estatal, para la realización de esas actividades. Tendrían autonomía para contratar, de así convenir a sus tareas, a empresas privadas. Dicho de otra manera, lo que la iniciativa de Calderón propone se haga en un solo paso, la del PRI sugiere que se haga en dos. Esta semana se supo que el PRI retiró la propuesta porque el PAN insiste que se incorpore en su constitución dinero de las Afores. Cuesta trabajo creer, sin embargo, que esa propuesta haya sido desechada, pues la iniciativa de Ley Orgánica de Pemex que hoy se negociará tiene como hilo conductor la existencia de esos órganos descentralizados. Falta por ver también cómo quedará el polémico asunto de los contratos. Los llamados contratos de riesgo están prohibidos por la Constitución, que establece que las remuneraciones de obras y prestación de servicios no podrán conceder porcentajes en los productos, ni participación en los resultados de las explotaciones. Las iniciativas del PAN y del PRI establecen con toda claridad que los contratos serán pagaderos sólo en efectivo. Pero la blanquiazul señala que Pemex podrá pactar con los contratistas incentivos tendientes a maximizar la eficacia o éxito de la obra o servicio, y la tricolor se refiere a condicionarlos al menor o mayor éxito del proyecto. Incentivados o de éxito —términos que el panista Rubén Camarillo, secretario de la Comisión de Energía del Senado, me dice que nunca han utilizado aunque vienen en el artículo 60 de la iniciativa— implican pagos excepcionales que por supuesto se hacen con dinero de la renta petrolera. Y ambos, en inglés, se conocen como risk service contracts, es decir, contratos de riesgo. Así que todavía son muchos los recovecos por analizar para que no contengan una, dos o seis palabras que obren a favor de la discrecionalidad privatizadora. Instantáneas 1. ARREBATOS. Dice el líder del PAN, Germán Martínez, que la protesta por la privatización de Pemex es producto de arrebatos aislados. Es probable que se equivoque. Una vez más. 2. DEVORADOR. ¿Cuál será el banco comercial que el viernes pasado devoró los 400 millones de dólares puestos en subasta por el Banco de México? (rrodriguezangular@hotmail.com) |