Esta semana será crucial para el futuro de la industria petrolera nacional y, en consecuencia, para el futuro del país. La Comisión de Energía del Senado se apresta a concluir el dictamen de la reforma petrolera y, posiblemente, a subirlo al pleno de esa representación federal. Un documento previo —sobre el cual trabajó este fin de semana la Comisión de Energía— permite inferir que el PRI y el PRD no dejarán pasar la propuesta original de Felipe Calderón que abría la inversión privada —desde la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional— a la exploración, explotación, transformación, transporte y almacenamiento del petróleo. Su principal argumento, jamás revertido por el PAN porque no es posible negar lo evidente, fue que esa iniciativa es notoriamente anticonstitucional. Planteadas así las cosas, es previsible que esta semana veamos, escuchemos y leamos enfáticos mensajes de que la reforma petrolera que derive del anterior rechazo, no será privatizadora y, por lo tanto, no será anticonstitucional ni atentatoria de la soberanía popular sobre sus recursos naturales, lo que elimina la causa y arrebata automáticamente la bandera que enarbola el movimiento nacional de defensa del petróleo que encabeza López Obrador. Pero hay que tener cuidado porque no es remoto que con tal aserto, sustentado en aquel sabio refrán de que “de lo perdido lo que aparezca”, se encubra la entrada de capital privado a sectores de esta industria reservados al Estado, mediante otras modificaciones legales centradas, sobre todo, en la Ley Orgánica de Pemex. Se trata de reformas en las que ya se han puesto de acuerdo PAN, PRI y un sector del PRD, el que hoy está al frente del partido. En ellas se combinan propuestas planteadas en la iniciativa Calderón y las presentadas por el PRI a través de Manlio Fabio Beltrones, sobre todo en lo que toca a la autonomía de gestión de la paraestatal petrolera, lo que le permitirá manejarse sola, sin ningún control ni contrapeso del Congreso; prerrogativa ésta que, a través de la creación de un máximo órgano de gobierno llamado Comisión Nacional de Hidrocarburos —cuya conformación todavía discuten el PAN y el PRI, puesto que el primero quiere que sus integrantes ( académicos, empresarios y representantes sindicales) sean directamente designados por la Presidencia y el tricolor exige que sean ratificados por el Senado para poder quedarse con parte del pastel— permitirá la adjudicación sin licitación pública de por medio, cuando así lo exijan las necesidades de la industria. Para complementar lo anterior, el PAN y el PRI están de acuerdo en la creación por decreto —propuesta por el tricolor— de organismos descentralizados, filiales de Pemex y de propiedad cien por ciento estatal, facultados para celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiera. Así, todo indica que si Pemex y sus filiales lo deciden autónomamente, podrán adjudicar directamente contratos o asociarse con empresas privadas nacionales o extranjeras, que participarán en actividades reservadas al Estado, lo que implica que ni causa ni bandera han sido arrebatadas al movimiento en defensa del petróleo. Instantáneas 1. CONTEXTO. Ojalá los senadores que discuten la reforma de Pemex no olviden que en medio de la crisis financiera del mundo y del resquebrajamiento del modelo económico neoliberal, la tendencia es que la globalización petrolera sea de corte estatal, no privatizador. 2. DEVALUACIÓN. Los analistas prevén que esta semana continúe el ataque especulativo contra el peso. Habrá que ver si Hacienda y el Banxico se limitan a subastar los 400 millones de dólares diarios previstos desde el miércoles pasado por la Comisión de Cambios, pero que fueron notoriamente insuficientes el jueves y el viernes. La pregunta es ¿dónde habrán ido a parar los 8 mil 400 millones de dólares que se subastaron entre el miércoles y el viernes pasado? Pronto lo sabremos, cuando den la cara los nuevos ricos. (rrodriguezangular@hotmail.com) |