El narcotráfico no es más suceso remoto; ha llegado a la vida cotidiana de la gente y buscará ser actor central en año electoral, que oficialmente ya comenzó.

Todos los días surgen testimonios sobre puntos de contacto entre la población y bandas del crimen organizado. El tema ya no es asunto de los “ajustes de cuentas”, que la autoridad usa para escurrir responsabilidad. Los mafiosos son nuestros vecinos, concurren a nuestros restaurantes favoritos. Permean nuestro entorno.

En la primera semana de septiembre —de acuerdo con testimonios confirmados—, una banda criminal citó a dos centenares de pequeños empresarios que viajaron desde distintos puntos de un estado del Bajío hasta el auditorio de una ciudad turística. Ahí se les informó que a partir de ese día contaban con “protección” de la principal banda de la región, a cambio de una cuota mensual. Les advirtieron que los policías municipales y estatales, los alcaldes y el gobernador estaban enterados, “por lo que no tiene sentido quejarse ante nadie”.

Desde diversos puntos de la República surgen informes verosímiles sobre encuentros similares entre la población y el narcotráfico. Expertos ligados a instancias internacionales alertan que estas bandas han penetrado a los cuerpos policiacos y al sistema de justicia en diversos estados, al grado de que entidades como Chiapas, Veracruz, Guerrero, Aguascalientes, Tamaulipas o Zacatecas están con las manos amarradas y se han vuelto una especie de feudos refractarios a los esfuerzos federales para combatir al crimen organizado.

En al menos dos estados, Sinaloa y Campeche, existen precandidatos a la respectiva gubernatura a los que se les atribuyen, de manera extensa, nexos con el narcotráfico.

En el ámbito federal los indicios sobre la influencia del dinero sucio no son mejores. La autoridad cuenta ya con elementos que confirman que en el secuestro y posterior asesinato del joven hijo de la familia Martí participaron agentes de la AFI y de otras áreas de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular es Genaro García Luna. Algunas de las pruebas cruciales no han sido aportadas por pesquisas judiciales, sino por indagaciones privadas. Asimismo, aumentan las versiones sobre sólidos señalamientos contra algunos funcionarios de la SIEDO, la entidad especializada en la lucha contra el narcotráfico en la Procuraduría General de la República, que dirige Eduardo Medina Mora.

El pasado día 3, el Instituto Federal Electoral declaró el inicio del proceso electoral de 2009. Diversos calendarios locales han sido ajustados para lograr que por vez primera un solo día, el 5 de julio, concurramos a las urnas no sólo para los comicios intermedios que renovarán la Cámara de Diputados. Esa misma fecha 11 estados tendrán también elecciones, seis de ellos de gobernador. En total, estarán en disputa más de mil 500 puestos de elección popular.

Lo anterior representará un desafío enorme para impedir que el dinero del narcotráfico se inocule sin remedio en el torrente sanguíneo de la política mexicana. El principal frente de preocupación lo representan sin duda el Congreso y las gubernaturas. Si los partidos caen en la tentación de cambiar votos por mayores espacios para el crimen, más nos valdría declararlos repúblicas independientes, pues dentro de ellos surgirán versiones criollas de la mafia rusa.

APUNTES

PESE A LOS autoproclamados avances en las intenciones del voto, el PRI tendrá el próximo año escollos insalvables en estados que alguna vez gobernó. Es el caso de San Luis Potosí, donde sigue siendo controlado por la misma cofradía que lo hundió hace cinco años y abrió el paso para la llegada del panista Marcelo de los Santos. Salvo una sorpresa, el PAN debe conservar el poder, pero encara una guerra intestina entre los aspirantes, que hasta ahora encabeza el calderonista Alejandro Zapata. UNA PESADILLA están resultando las reuniones de los gobernadores en San Lázaro para negociar su participación en el presupuesto. Lo que antes era una gestión bien operada devino en minicomparecencias reiterativas, primero con las bancadas de cada estado, luego con las dirigencias de las fracciones y, por último, con la comisión camaral respectiva. ¿A quién se le ocurrió el formato?

Egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ingresó a EL UNIVERSAL en 1978, donde desempeñó varias actividades profesionales como reportero de Información General, a cargo de diversas fuentes del sector político, subdirector Editorial de EL UNIVERSAL y Director Editorial General de El Gráfico y de EL UNIVERSAL.

Además, es coautor de los libros “Zócalo Rojo”, “Comunicación y Transparencia de los poderes del Estado” y “Representación política y toma de decisiones”.

Fue miembro en el año 2001, del “Grupo Oaxaca”, promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública en México. Actualmente, Roberto Rock es vicepresidente de la Comisión Contra la Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa –SIP-