Dicen los economistas que en crisis como la que sacude al sistema financiero de EU y que Felipe Calderón por fin se dio cuenta que sí golpeará a México, lo recomendable para enfrentarlas, sin caer en recesión, son los programas expansivos del gasto público. Es decir, detonar el gasto del gobierno en obras de infraestructura para incentivar el mercado interno y crear empleos. De hecho esa es la base del plan anunciado por Calderón, un programa con el que se aflojarán las amarras del gobierno para que se gaste un poco más de lo que le ingresa. Ese es el déficit fiscal que, consecuentemente, se financia con deuda. En este caso con deuda que contraerá Pemex, que será separada de la contabilidad del gobierno, lo que permitirá a éste liberar los recursos que se usarán en la expansión del gasto público. Los gobiernos neoliberales, desde el de Carlos Salinas hasta el de Calderón, se han sujetado dogmáticamente a la exigencia de un déficit fiscal cero (gastar sólo lo que ingrese) que les impusieron el Banco Mundial y el FMI en el llamado Consenso de Washington. En su momento, esa política ayudó a ordenar la economía pero conforme pasaron los años y no se logró el necesario crecimiento (por lo menos 5% anual para satisfacer la demanda de empleo), hubo voces que plantearon que se podía incurrir en un déficit fiscal moderado, lo que ciertamente aumenta la inflación pero fortalece el mercado interno. Entre esas voces se cuentan las de empresarios como Carlos Slim y la de opositores políticos como López Obrador. Así que la referida expansión del gasto con ampliación del déficit fiscal —contraindicada por el neoliberalismo y que formó parte de las propuestas de quien fue llamado “peligro para México”— es ahora parte sustancial del plan anticrisis de un gobierno que estigmatizó a quienes lo propusieron como parte del cambio del modelo económico que hoy se hace añicos en el mundo. Por el bien del país hay que apostar a que el plan Calderón atempere los efectos de esta crisis, aunque dicen los expertos que tendría más efectividad si se le incorporara un ahorro con la reducción del gasto del gobierno, que podría ser de hasta 200 mil millones de pesos si se reducen a la mitad los sueldos de altos funcionarios del Ejecutivo, ministros y magistrados del Poder Judicial, consejeros del IFE, diputados y senadores (12 mil millones); se suprimen el fondo de ahorro especial de la alta burocracia (6 mil millones) y sus gastos médicos mayores (5 mil millones); se cancelan las pensiones de los ex presidentes (310 millones de pesos); se elimina la entrega de bonos discrecionales de fin de año a los mandos superiores del servicio público (11 mil 207 millones); y se reduce la partida presupuestal de “otros gastos corrientes” que incluye compra de vehículos para altos funcionarios, gastos de representación y viáticos, remodelación y gastos de oficinas, y boletos de avión en primera clase (171 mil millones), según costeo realizado por los asesores económicos de Obrador. No habría que echar en saco roto esta propuesta. Instantáneas 1. REFINERÍA. La construcción de una, después de casi 25 años de no construir ninguna, forma parte del plan anticrisis. ¿No que no había dinero para hacerlo? La medida contradice a la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y el director de Pemex, Jesús Reyes Herloes, quienes al defender su reforma petrolera nos han dicho que no hay dinero para esas inversiones. 2. INCOMPETENCIA. Agustín Carstens reconoció ayer en entrevista con López Dóriga que jamás se imaginó el tamaño de la crisis. Eso se llama incompetencia, y un descuido similar le costó el cargo a Jaime Serra, cuando el error de diciembre de 1994. 3. HISTORIA. Mañana empezará la transmisión de la serie radiofónica de 15 programas titulada La SCJN en la historia de México. Esta producción fue realizada en el marco del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. Usted podrá escucharla este y los siguientes 14 sábados, a las 10 de la mañana, por OPUS 94.5 FM del IMER. (rrodriguezangular@hotmail.com) |