El 13 de agosto, dos días después de la firma de la Alianza por la Calidad de la Educación en Cuernavaca, Morelos, se producen en distintas ciudades del estado paros de las actividades educativas. Una semana después se constituye la Comisión Negociadora del Movimiento de Bases Magisteriales de Morelos, que desconoce al comité seccional del SNTE. En ese momento, la interrupción de labores se hace total.

Quienes repiten las viejas formas de lucha —abandono de las aulas, bloqueo de carreteras, plantones y marchas— constituyen un extraño casamiento al que concurren diversos actores: por un lado, ex dirigentes seccionales desplazados en el congreso realizado hace ocho meses, profesores que no aceptan perder los “derechos adquiridos” de negociar las plazas y funcionarios del Instituto de Educación Básica del estado (inspectores de preescolar y primarias, directores de secundarias y jefes de sector) que tienen su propia agenda contra el titular de Educación Pública en la entidad; por el otro, activistas de la CNTE (principalmente de Michoacán y Oaxaca) que ven en el movimiento la oportunidad de reemplazar el liderazgo del SNTE; movimientos sociales como el de Los 13 pueblos de Morelos y el Movimiento Tepozteco, así como militantes de la APPO oaxaqueña que buscan “agudizar las contradicciones” para abonar al cambio social. No faltan otros “compañeros de viaje”, oportunistas que buscan pescar en río revuelto como legisladores y autoridades municipales del PRD y dirigentes del PRI.

Lo que está en curso no es un movimiento que reivindique las mejores causas del magisterio, sino una mezcla de intereses y complicidades que apuesta al fracaso de la Alianza por la Calidad de la Educación a nivel federal, una iniciativa empeñada en la reforma integral del sistema de enseñanza pública en los niveles preescolar, primaria y secundaria.

La alianza comprende cinco ejes temáticos:

1) modernización de los centros escolares a través del Programa de Fortalecimiento a la Infraestructura, que en el ciclo escolar 2008-2009 arrancaría con el equipamiento de 14 mil planteles y la rehabilitación de 27 mil escuelas “en malas condiciones”; la dotación de equipo “con conectividad” de centros escolares en 155 mil aulas y la entrega de computadoras a maestros certificados en competencias digitales;

2) profesionalización de los maestros y las autoridades educativas, que implica un cambio sustantivo en los mecanismos de ingreso y promoción tanto del personal docente como de directores, supervisores y autoridades educativas;

3) bienestar y desarrollo integral de los alumnos, que compromete la participación de instancias del gobierno federal para atender las necesidades de niños y jóvenes en materia de salud y alimentación, así como fortalecer el programa de becas escolares;

4) formación integral de los alumnos para la vida y el trabajo, que se expresará en una reforma de los enfoques, asignaturas y contenidos de la educación básica, y

5) la creación de un Sistema Nacional de Evaluación encargado de la monitorear, de forma exhaustiva y periódica, el rendimiento “de todos los actores del proceso educativo” y establecer los estándares de desempeño docente, aprovechamiento, gestión del centro escolar, infraestructura y equipamiento escolar, entre otros.

La Alianza por la Calidad de la Educación es la respuesta a la situación crítica, alarmante, de la educación pública. Si la autoridad cede ante los sectores radicales o por presión de los gobernadores (panistas, priístas, perredistas) que deben “aterrizar” el acuerdo en sus estados, estará cancelando la posibilidad de avanzar en la transformación política, sociocultural y productiva del país.

Alfonso Zárate Flores, director general de Grupo Consultor Interdisciplinario, S.C. (GCI), es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestro en Sociología Política por The London School of Economics and Political Science.

En el sector público fue, entre otros cargos, director general de Análisis Político en la Presidencia de la República, asesor del secretario de Relaciones Exteriores, asesor del subsecretario de Gobernación y en el ámbito académico fue director de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos (IMRED) y la Universidad Iberoamericana (UIA).

Es autor y coautor de numerosos ensayos y artículos y de varios libros, entre ellos, Los usos del poder, Fin de siglo, fin de ciclo y Fox: los días perdidos.