A muchos extraña que Felipe Calderón pida la despenalización del consumo de drogas, tratándose de un presidente de filiación conservadora. Pero todo indica que la guerra civil en la que se ha convertido la lucha contra el narco rebasa consideraciones ideológicas y exige medidas prácticas.

A mi juicio, el proyecto de ley que el Presidente presentó al Senado es provechoso, a condición de quitarle autocontenciones y mojigaterías.

Ciertamente, estábamos en el limbo con respecto al consumo. La ley vigente no castiga a un consumidor si se le considera adicto, pero tampoco establece las cantidades mínimas de posesión de uso personal ni define con claridad la “dependencia”. Ello introduce una enorme discrecionalidad de parte de los jueces, con la consiguiente inequidad y corrupción. Peor aún, permite que muchos narcomenudistas apelen a su adicción para quedar libres, pese a ser capturados con sendos paquetes de drogas. La nueva ley define con precisión las cantidades que permiten diferenciar a un consumidor de un traficante.

El problema es que las dosis estipuladas en el proyecto de Calderón convierte en delincuentes a la mayoría de los consumidores. El límite de dos gramos de mariguana, inferior a un cigarro, condenaría a cualquier preparatoriano que antes podía acogerse a la evaluación de un juez prudente. Parece que los panistas se asustaron de su propia temeridad y a golpes de severidad decidieron inhabilitar su propio proyecto.

Esperemos que durante la discusión en el Congreso se reajusten estas minidosis de manera realista. Cuando Vicente Fox pasó un proyecto similar, los legisladores ampliaron los límites de manera significativa, pero el mandatario terminó vetando la ley (todo indica que por presiones de Estados Unidos). Me parece que, con ese antecedente, Calderón decidió proponer dosis menores que el proyecto original de Fox (bajó el límite de cinco a dos gramos de mariguana), en consideración de que se trataba de niveles ya aprobados por los panistas y sectores conservadores. El Presidente esperaría que fuese el Congreso el que ampliara las dosis a límites razonables, de tal manera que la nueva ley fuese de responsabilidad compartida. Ojalá así sea.

Con todo, la iniciativa es importante. El consumo de drogas es un problema de salud pública, no de justicia. Si bien el consumo de drogas es perjudicial, carece de sentido llevar a la cárcel a alguien para protegerlo de sí mismo. Sostener una ley que no se puede aplicar es absurdo, además de que favorece la corrupción: según la última encuesta difundida por la Secretaría de Salud, 4.5 millones de habitantes admiten haber consumido alguna droga en México (la cantidad real debe ser aún mayor). No hay cárceles suficientes para encerrar al equivalente de la población de Guadalajara. Peor aún, el paso por la prisión es la manera más rápida de convertir en criminal a un adicto o un consumidor.

Sacar de la clandestinidad al consumo de drogas y dejar de ver a los “usuarios” como delincuentes permitirá ampliar los programas de apoyo en contra de la adicción. Despenalizar el consumo es importante para concentrar la lucha en los narcotraficantes.

La solución real pasa por legalizar la venta y no sólo el consumo, y regularlos como al alcohol. Pero es claro que la correlación de fuerzas y el poder de Estados Unidos impiden una decisión netamente mexicana. El proyecto de Calderón puede ser útil, a condición de modificarlo para hacerlo realista y práctico.

Economista, sociólogo y columnista político. Fundó la revista Día Siete, distribuida por EL UNIVERSAL, entre otros medios. En Guadalajara, fundó y dirigió los diarios Siglo 21 (1991-1997) y Público (1997-1999). Obtuvo el premio periodístico María Moors Cabot en 1999, otorgado por la Graduate School of Journalism de la Universidad de Columbia. Fue subdirector editorial de EL UNIVERSAL en 2000.