El asesinato de un candidato, las denuncias de amenazas, agresiones e intimidaciones a abanderados de todos los partidos han marcado el ambiente de estos comiciosVer a los narcos actuando en política, palpar su dinero y su presencia en elecciones, no es nuevo en este país; se ha documentado injerencia de los barones de la droga en procesos locales de estados como Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y por supuesto Sinaloa. Pero quizá nunca como en los comicios de mañana domingo en Guerrero los cárteles del narcotráfico se habían mostrado tan cínicamente, ya no sólo en su afán de controlar municipios y comprar candidatos o plazas, sino para imponer su ley de violencia y temor en el proceso electoral en marcha. Guerrero por la violencia y el narcotráfico se ha vuelto un verdadero foco de alerta; el asesinato de un candidato a diputado por el PRD, Humberto Lorenzo Ríos, y las denuncias de amenazas, agresiones e intimidaciones a abanderados de todos los partidos han marcado el ambiente de estos comicios que se resuelven mañana y en los que, como pocas veces se ha visto en el país, la expectativa de saber quién gana la disputa política ha sido opacada por la tensión y el temor que despiertan los signos de violencia que han marcado esa elección. Durante años Acapulco, como centro de distribución de droga, estuvo controlado por el cártel de Sinaloa, bajo el mando de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Los hermanos Beltrán Leyva fueron enviados por El Chapo como responsables de la plaza y, hace unos cuatro años, la llegada de Los Zetas desató una disputa sangrienta con ejecuciones, decapitados y balaceras en la calle, que hizo que el Ejército y las fuerzas federales tomaran la plaza en un par de ocasiones. Luego, la ruptura entre El Chapo y los Beltrán Leyva hizo que estos últimos se quedaran con el control y en estos comicios se hicieran presentes a través de un aspirante a la alcaldía acapulqueña, el perredista César Flores, señalado públicamente por la propia Gloria Sierra por presuntos nexos con los Beltrán, mientras que en privado el gobernador Zeferino Torreblanca llegó a calificar a Flores “como un riesgo para la seguridad nacional”. De qué tamaño será la tensión que se respira en el estado sureño, que en la reciente sesión del IFE, la misma en la que se puso en marcha el proceso electoral federal de 2009, Leonardo Valdés, consejero presidente del organismo, dijo que el ambiente en Guerrero era “preocupante” y refirió la decisión de varios candidatos de cancelar sus actos de cierre de campaña para evitar “cualquier riesgo”, sobre todo tras las amenazas que varios de ellos recibieron y del caso del asesinato del aspirante perredista. Valdés no mencionó nombres, pero fueron los candidatos del PRI y del PRD en Acapulco, Manuel Añorve y Gloria Sierra, los que decidieron dejar de lado los cierres de campaña y así protegerse de cualquier situación que pudiera poner en peligro su vida o la de otros. Y no fueron los únicos casos; además de la elección acapulqueña, se reportaron amenazas en Coyuca de Benítez y en varios municipios más de zonas como la Costa Grande o la Montaña guerrense. Todo en medio de la abulia manifiesta del gobernador Zeferino Torreblanca, que en estas elecciones no sólo corre el riesgo de verse rebasado en lo político, con las muy posibles derrotas del PRD en varios municipios —especialmente Acapulco— por sus divisiones internas, sino que, además, ha sido claramente superado en su función constitucional de garantizar la seguridad de las elecciones en su estado. Y así, mientras el crimen organizado impuso el tono y la agenda en estas elecciones, la disputa política se relegó a un segundo plano, aunque no por eso perdió intensidad. El caso más llamativo es el de Acapulco, donde la mayoría de las encuestas registraron un apretado cierre entre PRI, Convergencia y el PRD, en ese orden, que hacía difícil el pronóstico de un ganador claro. Aun así, un grupo de encuestas le da ventaja de cinco a ocho puntos al priísta Añorve; otro grupo habla de dos puntos arriba del empresario Luis Walton, pero todos coinciden en el tercer lugar de la perredista Gloria Sierra, aun cuando la estructura clientelar del PRD en el puerto hace que no se pueda dar por muerta a la candidata del gobernador Torreblanca. En el caso de Chilpancingo, la ventaja del candidato del PRI, Héctor Astudillo, se amplió tanto al cierre, que casi nadie dudaba de que pueda ganar la acaldía y, de hecho, había quienes, practicando el futurismo, veían ya hacia el 2011 y hablaban de que si Astudillo arrasa en la capital y Añorve logra recuperar Acapulco, el próximo lunes arranca ya la disputa por la candidatura priísta a gobernador dentro de tres años. Eso es lo que grillan los políticos y los futuristas en Guerrero. Falta ver qué dicen los narcos, que parecen ser los verdaderos “jefes” del estado. NOTAS INDISCRETAS... Desde la Presidencia aclararon ayer los motivos por los que se detuvo al joven Andrés Leonardo Gómez, el destacado estudiante que ayer le gritó “!Espurio!” al presidente Calderón en pleno acto en Palacio Nacional. No se le detuvo, dijeron, por expresarse, sino porque el Estado Mayor Presidencial “está obligado a actuar cuando se detecta un potencial peligro para el Presidente”. El joven, explicaron, estaba en el presídium, cercano al Presidente, y en el momento que gritó los militares del EMP lo ubican como “amenaza”. Pero ante la pregunta de si no era suficiente con alejarlo del lugar y verificar sus intenciones, los voceros presidenciales indicaron que el Estado Mayor se vio obligado a cumplir con lo que marcan, primero sus procedimientos, y después el Código Penal del DF y la Ley de Cultura Cívica capitalina. En ambos ordenamientos locales se señalan como “delitos” las “agresiones y ofensas a otra persona”, señaladas en el código, y “el ultraje a la autoridad”, que se define como “ofensas, insidias o insulto” a un funcionario o autoridad. Según un análisis jurídico que hicieron en la Presidencia, en la oficina del secretario particular, César Nava, los militares del EMP tenían que entregar al joven a las autoridades del GDF porque si no lo hacían “podían violar las leyes locales y meterse en un problema”. Finalmente, en la explicación de la Presidencia, para aclarar que no se trató de una detención ilegal o de censura al joven Gómez, se precisó que los guardias presidenciales sólo cumplieron con su obligación legal de entregarlo a una patrulla de la policía capitalina y los que tomaron la decisión de remitirlo a un juzgado fueron los agentes del DF. ¿De quién fue entonces la censura?... Los dados gritan aunque los detengan. Escalera doble. |