De entrada, a diferencia de la legislación aprobada en 1995 por priístas y panistas, la de allende el Bravo plantea la exigencia de que los bancos endurezcan sus esquemas de cobranza para recuperar de lo perdido lo que aparezca de los créditos hipotecarios que provocaron la catástrofe.

De hecho, se señalan metas específicas, con penas pecuniarias al calce por incumplimiento.

Como recordará usted, en nuestro país se soslayó el punto al considerarse que la mayoría de los préstamos tenían etiqueta de incobrables, lo que provocó su venta a terceros a precios de lástima.

En algunos casos, lo recordará usted, se recuperaron apenas cinco centavos por cada peso, llegándose al escándalo de un centavo en crédito quirografarios, es decir, sin garantía específica alguna, otorgados por la mayoría de los bancos, pese a estar prohibidos.

El gran negocio, así, fue para las intermediarias que adquirieron los créditos-chatarra, opción que se negó a los propios acreditados.

Adicionalmente, a diferencia de México, la inyección de recursos que le aplicará la Casa Blanca a los bancos a título de capitalización lo colocará como socio de éstos, lo que garantiza la recuperación en caso de su venta a terceros.

Como recordará usted, en nuestro país se realizaron alocadas ventas sin licitación al calce, que derivaron en gangas para la banca extranjera, lo que impidió recuperar la parte fundamental de los recursos aportados al rescate.

Entre la catarata de ejemplos se podría hablar de los 235 millones de dólares que pagó inicialmente el Scotiabank canadiense por 55% del capital de Inverlat.

Más allá, en su momento el Banco de Montreal, también canadiense, pagó sólo 3 mil 500 millones de pesos por 16% de las acciones del grupo financiero Bancomer. Durante 1993 y 1994 los activos del banco habían crecido en 35.06%, para pasar de 112 mil a 152 mil millones de pesos.

De hecho, en abril de 1996 inversionistas estadounidenses podían comprar retazos de bancos mexicanos a precios de remate.

Desde otro ángulo, en México tampoco se realizó un cernimiento de qué bancos tenían derecho real a participar en el rescate, quedando la duda si Banamex y Bancomer lo merecían.

Ahora que la diferencia más notable entre el Fobaproa gringo y el esquema que se planteó en el país es que el primero mantiene la exigencia de llegar hasta las últimas consecuencias en el deslinde de responsabilidades de los banqueros, a quienes de entrada se acotarán sus ingresos a un tope máximo. Fuera, pues, los bonos millonarios.

Como usted sabe, la crisis la originó la colocación indiscriminada de préstamos hipotecarios sin garantías al calce y sin investigación de solvencia, lo que derivó en una descomunal cartera vencida… parte de la cual se bursatilizó, es decir, se vendió a terceros, colocando los bancos como aval su propio capital, cuyo desplome provocó una carambola que alcanza a cientos de intermediarias de todo el planeta.

Compraron, pues, préstamos chatarra con garantías que se esfumaron. En nuestro país, salvo la persecución a los presidentes del Banco Unión, Carlos Cabal Peniche, y del grupo financiero Asemex-Banpaís, Ángel Isidoro Rodríguez, quienes jamás pisaron una cárcel mexicana, al resto no se les tocó ni con el pétalo de un citatorio.

A quién le importan los colosales autopréstamos encubiertos con prestanombres; a quién los préstamos quirografarios sin garantías específicas; a quién las compras compulsivas de activos con dinero de los ahorradores… pero propiedad de los bancos; a quién la falsificación de escrituras para simular garantías; a quién la falta de expedientes sobre el historial crediticio de los solicitantes de préstamos.

A quién, las conclusiones demoledoras del Informe Mackey. Por lo pronto, el costo del Fobaproa mexicano fue de 18% del Producto Interno Bruto, monto que podría empatarse en Estados Unidos, digo, asimetrías al calce. ¿Igualitos?

Balance general

En lo que pareciera la puntilla al tufo privatizador de que estaba impregnada la iniciativa de reforma petrolera del presidente Felipe Calderón, priístas y perredistas rechazaron en Comisiones Unidas del Senado la posibilidad de permitir la operación de ductos administrados por particulares.

La alternativa hablaba de vender los existentes, además de permitir la construcción de nuevos, argumentándose la falta de recursos de Petróleos Mexicanos para su adecuado mantenimiento.

Sin embargo, sobrevivió la posibilidad de colocar en el mercado los llamados Bonos Ciudadanos, es decir la posibilidad de que el gran público, vía los fondos de pensiones nacionales, participe en el capital de la empresa pública con voz pero sin voto, lo que en el papel obligaría a ésta a una total transparencia.

Toda la furia

De entrada, la demanda de la Telefónica México contra la firma estadounidense Nextel plantea que ésta opera en la ilegalidad, al utilizar concesiones de radiocomunicación especializada en flotillas (trunking) para participar en telefonía móvil. De acuerdo con el planteamiento colocado en la mesa de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Nextel utiliza números telefónicos asignados a Axtel, quien a su vez le da acceso a la red telefónica. No obstante, sólo unas cuantas llamadas salen del puente.

El resto se reorigina vía líneas contratadas por supuestos usuarios físicos y morales que mantienen contratos comerciales con ella.

La llamada, así, se simula como originada y terminada en la red de Telefónica, lo que se vuelve incosteable para ésta.

El pleito, decíamos, va con todo.

Sólo los cuates

Le comentábamos hace unos días de una reunión de ex presidentes de la Asociación de Bancos de México en la casa del actual, Enrique Castillo Sánchez Mejorada, para despedir a Héctor Rangel Domene, quien dejó la presidencia del grupo financiero Bilbao Vizcaya/Argentaria/Bancomer, en la que el eje de la plática fue el posible contagio a México de la crisis financiera en Estados Unidos. Bien, pues ahora resulta que por decisión de Rangel se excluyó a la mitad de los posibles invitados.

Entre los descartados estuvieron el antecesor del propio Rangel, en Bancomer, Ricardo Guajardo Touché; el presidente del Banco Santander, Carlos Gómez y Gómez, y el presidente de Banamex, Manuel Medina Mora, además del director general de Santander, Marcos Martínez. Sólo los cuates, pues.

El invitado de honor fue el banquero Roberto Hernández.

Emisión jumbo

Quien se arriesgó ayer a colocar en el mercado la primera de una serie de emisiones de deuda por un global de 15 mil millones de pesos fue el banco HSBC, que dirige Luis Peña Kegel.

El monto, bajo el ropaje de Obligaciones Subordinadas no Susceptibles de Convertirse en Acciones, fue de mil 817 millones.

Periodista, cronista de la Ciudad de México, hombre de letras y, al mismo, tiempo profesional de la economía. Analiza en la radio y en la prensa los difíciles problemas financieros del país y del mundo, con una autoridad otorgada por su larga trayectoria. Su trabajo se distingue por manejar la palabra coloquial con destreza y amenidad, dando al lector la oportunidad de comprender de modo sencillo el universo empresarial.