Si bien es considerada como una medida indispensable para frenar la ola de inseguridad en México, por el otro lado representa para las empresas telefónicas un grave problema por su elevado costo, ya que por un lado se obligará a los usuarios no sólo a presentar documentos oficiales de identificación y domicilio, sino hasta su huella digital; y por otro la logística que tendrán que realizar las empresas, pues pueden verse saturadas y afectar su propio servicio por la excesiva demanda de usuarios para registrarse. La principal afectada es Telcel, que dirige Daniel Hajj, que opera más de 80% de los 70 millones de teléfonos móviles del país en su gran mayoría bajo la modalidad de prepago, que es el que se busca controlar. La iniciativa de ley que seguramente será aprobada en fast track en la Cámara de Diputados para disminuir la ola de robos y extorsiones telefónicas que padecemos en México y de la cual han sido objeto hasta de los propios legisladores. Es precisamente por esta complejidad que el Senado aprobó un plazo demasiado largo de dos años para que todos los usuarios hayamos cumplido con los requisitos del registro o de lo contrario la empresa se verá obligada a cancelar el servicio. Hay sin embargo presiones para que en la Cámara de Diputados se disminuya el plazo a un año por la creciente inseguridad a lo cual seguramente se opondrán todas las empresas, aunque se descartan amparos . APRUEBAN RESCATE EN EU, PERO EN ABONOS Los mercados respiraron ayer tras la reunión del presidente George Bush con los dos candidatos a la Presidencia de Estados Unidos, John McCain y Barak Obama, y el acuerdo preliminar en el Congreso para aprobar el programa de rescate que propuso el Secretario del Tesoro, Henry Paulson. Sin embargo los congresistas no le otorgaron a Paulson y Bush la carta blanca que demandaban ni el monto total de 700 mil millones de dólares, sino dividir los recursos en tres tramos. De inmediato y esta es la noticia que reactivó a los mercados, el Secretario del Tesoro recibirá 250 mil millones de dólares con el compromiso de aprobar otro tramo de 100 mil millones de dólares, si se requiere, y los restantes 350 mil millones que demandó Paulson estarán sujetos al veto del Congreso que podría bloquear la entrega de los recursos Entre las limitantes interesantes que fijó el Congreso y que más le interesaban a los demócratas está que las empresas que sean beneficiadas no paguen prestaciones excesivas a sus altos ejecutivos como los llamados paracaídas dorados que implican elevadas compensaciones a los directivos, incluso si las empresas registran pérdidas. Falta también saber qué tipo de ayuda se dará a los deudores, porque a diferencia del Fobaproa en México, la propuesta original de Bush no contemplaba ningún tipo de ayuda a los deudores para que cumplan con el pago de sus hipotecas. SALVADOR VEGA, EN BÚSQUEDA DEL TRÁMITE MÁS ENGORROSO El secretario de la Función Pública, Salvador Vega, va en serio con su cruzada para combatir la tramititis en el gobierno federal. Por un lado, está el compromiso de reducir de 4 mil 200 trámites que existen actualmente a un máximo de 3 mil para el cierre del sexenio; y por el otro lanzó ayer la convocatoria al concurso para identificar no sólo el trámite más engorroso, sino también la propuesta ciudadana para mejorar un trámite complejo en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Salvador Vega meterá el acelerador a fondo con este concurso, que se realizará de una forma sencilla a través de un cuestionario de 19 preguntas y con propuestas con una extensión máxima de 400 palabras. Se integró una canasta de 300 mil pesos para el peor trámite y la mejor propuesta a nivel federal; y de 100 mil pesos cada uno para los niveles estatal y municipal. El plazo para entregar el cuestionario y las propuestas vence a fines de octubre y los premios se entregarán en diciembre en ceremonia pública en la que evidentemente se darán a conocer las dependencias que resultaron con las mayores denuncias y, lo más importante, el compromiso de simplificar o desaparecer el trámite, porque lo que se busca es fomentar una mayor participación ciudadana y sobre todo mejorar el servicio público gubernamental. Se integró un jurado encabezado por Federico Reyes Heroles, el presidente de Transparencia Mexican, quien es un firme convencido de que la simplificación en los trámites ayudará a disminuir los índices de corrupción. El jurado al que fue invitado a participar está integrado también por el empresario Juan Fuad Zarzar; la analista Maricarmen Prado y el periodista Leo Zuckerman.
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