Si —como decía Carlos Castillo Peraza— padecemos en México los estragos de una democracia sin demócratas, las normas estrenadas esta semana para las comparecencias de los miembros del gabineteante el Congreso —más lasque traen en cartera los legisladores— apuntan a un sistemade corte parlamentario… sinparlamentarios.

Con sus gritos y pancartas, incapaces de discurrir en un debate parlamentario digno de ese nombre: mal leyendo discursos entre ampulosos y grotescos, los legisladores simplemente cambiaron su tedioso show de tiro al blanco en que habían convertido los informes presidenciales, por un espectáculo todavía más tedioso: el de “tírenle a los negros del gabinete”. A su vez, acaso con la salvedad del procurador Eduardo Medina Mora, los funcionarios del Ejecutivo aparecieron como programados sólo para leer (dificultosamente) las frases (mal) hechas de sus asesores y para atacar furiosamente no a quienes los agredían, sino a la gramática, cada vez que intentaban salirse de sus tarjetas.

El resultado: tras la comparecencia conjunta de los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública y el procurador general de Justicia, ni una sola idea, ni un solo dato, argumento o proyecto nuevo pudieron ser colocados por los medios informativos en la agenda del debate público.

¿Hacia una estrategia?

Sí, transcurridos 10 días de la sangrienta noche del grito de Morelia, las encuestas presentan a una mayoría de mexicanos convencidos de que la criminalidad es un problema que ya nos afecta a todos y que la seguridad pública es algo tan grave que no puede dejarse sólo en manos de políticos y periodistas.

Lo bueno fue que esta semana pareció unificarse el discurso gubernamental con una tendencia a asumir la gravedad de la situación. Ahora lo importante será dejar atrás el viejo discurso gubernamental que suele atribuir las preocupaciones sociales sobre el crimen, no a las realidades descritas por los propios funcionarios, sino a las representaciones de los medios. Pero lo más deseable sería que el nuevo discurso quedara integrado en una estrategia institucional común, regida por tres ineludibles objetivos de comunicación: a) contar con una sociedad bien informada del delicado trance de la nación, a fin de b) reafirmar y encauzar las actitudes favorables a la cohesión nacional ante el peligro, y así c) propiciar comportamientos sociales permanentes contra la ilegalidad y la impunidad.

Claro. Seguirá un discurso de la oposición (parlamentaria y extraparlamentaria) a su vez unificado en la resistencia a los imperativos de coordinación institucional y de cohesión social contra el crimen.

El peor escenario

Este discurso opositor parte de que las situaciones límite de ingobernabilidad —y los riesgos de su extensión— son responsabilidad exclusiva del Ejecutivo; de que el desbordamiento de la criminalidad es finalmente una buena noticia porque le resta aceptación al Presidente y al PAN, y de que todo puede culminar en una (constantemente invocada) crisis que interrumpa este periodo presidencial o al menos mantenga postrado al gobierno panista, con fines electorales.

Pero la amenaza de ingobernabilidad involucra también al Congreso y a todos los estados y municipios, con todos los partidos nacionales allí alojados. Michoacán, para no ir más lejos, nominalmente “gobernado” por el PRD, en la realidad es lo más próximo a la definición de Estado fallido. Y en el espejo michoacano debe verse la nación entera. Porque más cercana a la todavía no esclarecida pretensión panista de guanajuatizar al país, se ve la posibilidad de michoacanizarlo. Y no con la perpetuación en el gobierno de los paisanos del actual presidente, sino en un escenario de Estado nacional fallido.

Y lo peor es que espectáculos como el “parlamentario” de esta semana parecen ponernos frente a una generación de políticos fallidos conduciendo a México a la condición de ese Estado fallido.

José Carreño Carlón: Premio Nacional de Periodismo por artículo de fondo, director de la oficina presidencial de comunicación, son algunos datos de una trayectoria de décadas en la comunicación pública.

Profesor de derecho de la información de la UNAM y coordinador de periodismo de la Universidad Iberoamericana, realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad Nacional y los de pos-grado en Leiden (Países Bajos) y Navarra (España)