El atentado del 15 de septiembre en Morelia ha arrojado esquirlas políticas sobre dos importantes funcionarios del gobierno de Michoacán: el procurador Miguel García Hurtado y el director de Seguridad Pública, Mario Bautista Ramírez. Después de las explosiones, los primeros minutos fueron cruciales para la detención de tres sospechosos, quienes fueron señalados por algunos de los presentes en la ceremonia del grito de Independencia. El jefe policiaco informó que fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que más tarde los dejó en libertad. El procurador aseguró que ellos fueron arrestados por “faltas administrativas”. ¿A quién creerle? Las heridas políticas suelen ser más peligrosas.

Las bancadas en San Lázaro están listas para recibir este martes en comparecencia al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; al procurador Eduardo Medina Mora, y al secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. Los tres llegarán a algo parecido a una lucha de relevos australianos frente al PRD, PT y Convergencia, que van a abrir fuego con la exigencia de “¡Señores, renuncien!”. Y de ahí para adelante. En una encerrona, los priístas de Emilio Gamboa trazaron una estrategia de demolición de “los tres tristes tigres”. Los panistas se pondrán la máscara azul para salir en defensa de los integrantes del gabinete Presidencial.

El nepotismo en el PAN del DF parece tener más hebra de dónde cortar. Nos informan que la presidenta del partido en la ciudad de México, Mariana Gómez del Campo, da todo su respaldo a su compañero sentimental, el legislador local Jorge Romero, para saltar a una diputación federal en 2009. Pero la pelea no será un día de campo para doña Mariana, porque don Jorge encontrará a un competidor con derecho de sangre azul: Antonio Zepeda, hijo de la asambleísta y ex titular de Protección Civil Carmen Segura Rangel. El pleito por ese espacio electoral, ubicado en la delegación Benito Juárez, será de pronóstico reservado.

Las Fuerzas Armadas recibirán pronto una noticia: los pensionados lograrán un aumento de 3%, retroactivo al 1 de enero, en las aportaciones del gobierno federal a sus haberes, de acuerdo con el dictamen de mejoras a los militares retirados, que aprobó en comisiones la Cámara de Diputados y que llegará bien planchadito al pleno.

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