La verdadera explicación del baño de sangre que padecemos reside tanto en el subdesarrollo de nuestras policías como en el de nuestros delincuentes. La mayor tragedia es que el llamado crimen organizado es más bien un crimen absolutamente desorganizado. Hay momentos en que veríamos con cierta envidia y no poca nostalgia a la mafia italiana de Estados Unidos, o incluso la siciliana, capaz de conducir sus negocios con el mínimo derramamiento de sangre. Un poco de Tony Soprano y mucho menos de Chapo Guzmán no nos vendría mal.

Hay evidencias de que la mayoría de los 24 asesinados en La Marquesa eran albañiles y no estaban relacionados con el narcotráfico. Todo indica que sicarios del cártel de Sinaloa llegaron a una zona del estado de México en la que La Familia, un cártel rival, está introduciéndose, y buscaron escarmentar a la población. Algo que hace recordar las siniestras represalias de la Gestapo durante la ocupación.

Hace poco más de un mes, otros sicarios liquidaron a 13 personas, incluyendo a un bebé, en Creel, Chihuahua. El comando que buscaba a dos cabecillas rivales irrumpió entre la muchedumbre con estrategias más propias del genocidio que de una ejecución puntual.

Las granadas de fragmentación lanzadas en contra de “civiles” durante la ceremonia del grito en Morelia obedecen a otro tipo de subdesarrollo. Lo de Creel o lo de La Marquesa se inscriben en la lógica de la lucha por espacios y la guerra entre bandas que se disputan territorios. Además de cruentos se trata de operativos mal planeados e ineficaces, pero buscaban golpear a su enemigo frontal. Una versión brutal de la ley de la selva. Lo de Morelia, en cambio, responde a una estrategia de varias bandas y tiene un propósito político.

Los actos terroristas en contra de civiles (y no en contra de policías) buscan precipitar el pánico entre la población y desencadenar actitudes represivas de parte del Estado. Hay movimientos políticos radicales que llegan a considerar que un régimen represor es algo que conviene a sus intereses. La idea es muy discutible, pero escapa a los límites de este espacio. Lo que resulta evidente es que las granadas en contra de civiles sólo pueden traducirse en malas noticias para los narcos. Otorgan al gobierno un espaldarazo de la población para recrudecer la guerra en contra de los cárteles. En los próximos días veremos una andanada de leyes más severas y mayores recursos económicos orientados en su contra.

La única lógica que podría encontrar es que uno de los cárteles creyese que con que esta acción podría desencadenar la furia del Estado contra un cártel rival. Por ejemplo, hacer creer que se trata de una acción de La Familia, afincada en Michoacán, de allí la idea de un atentado salvaje en Morelia. Desde luego es una estrategia absurda, porque la opinión pública y las fuerzas federales han reaccionado contra el “narco” en su conjunto y no sólo contra el cártel La Familia que, dicho sea de paso, se apresuró a deslindarse de los hechos.

Desde luego, cabe otra posibilidad mucho más terrible y preocupante: que alguien, ajeno al crimen organizado, esté buscando una coartada para que la opinión pública, los medios de comunicación, los legisladores y las fuerzas políticas entreguen un cheque en blanco a los aparatos de seguridad y, en general, favorezcan un régimen autoritario. Una hipótesis infame, que por desgracia tampoco podemos descartar.

Economista, sociólogo y columnista político. Fundó la revista Día Siete, distribuida por EL UNIVERSAL, entre otros medios. En Guadalajara, fundó y dirigió los diarios Siglo 21 (1991-1997) y Público (1997-1999). Obtuvo el premio periodístico María Moors Cabot en 1999, otorgado por la Graduate School of Journalism de la Universidad de Columbia. Fue subdirector editorial de EL UNIVERSAL en 2000.