Si la ejecución de La Marquesa había prendido los ‘focos rojos’, el asesinato de un guardia de Humberto Benítez Treviño confirmó que violencia del narco tiene uno de sus puntos más intensos en esa entidadConsiderado “plaza” de los hermanos Beltrán Leyva —luego de éstos rompieron con Joaquín El Chapo Guzmán y su Cártel de Sinaloa—, el territorio del estado de México es escenario de una de las disputas más sangrientas entre narcotraficantes, que han desatado en la entidad una ola de violencia y ejecuciones que ya tocó, incluso, la antesala del gobernador Enrique Peña Nieto. El asesinato de un escolta del secretario general de Gobierno, Humberto Benítez Treviño, ocurrido el pasado 15 de septiembre, se suma a una serie de hechos violentos que han tenido como escenario el estado de México, uno de los más ricos del país. Es esa riqueza y su ubicación estratégica lo que la ha vuelto una de las plazas más codiciadas por los narcotraficantes. Información de la PGR señala que la ola violenta se debe a la llegada de La Familia, ligada al Cártel del Golfo, a territorio mexiquense. El grupo michoacano intenta apropiarse de municipios del área conurbada y comenzó a cobrar “derecho de piso” a narcomenudistas y secuestradores, lo que provocó una violenta reacción de los Beltrán Leyva. En ese enfrentamiento se inscriben los 24 cadáveres que aparecieron hace una semana en La Marquesa y que, según se sabe ahora por las investigaciones, se trataba de albañiles, jardineros y otros hombres de origen humilde que fueron levantados en Huixquilucan dentro de una venganza, aunque la mayoría no tenía nada que ver con el narcotráfico. Si esa ejecución masiva había prendido ya los focos rojos, el asesinato de uno de los guardias que custodiaban al ex procurador federal Humberto Benítez Treviño, ocurrido el lunes pasado y poco difundido, confirmó que la ola de violencia asociada al narcotráfico que vive todo el país tiene uno de sus puntos más intensos en la estratégica entidad mexiquense. Benítez Treviño no es un funcionario cualquiera; ex procurador general de la República, es uno de los hombres de confianza del gobernador Enrique Peña Nieto y pieza clave en los programas de seguridad que ha implementado el priísta. El jueves pasado, cuando firmó el Acuerdo para la Seguridad Pública Integral de los Mexiquenses, junto con todos los alcaldes, empresarios y el Congreso local, Peña Nieto mandó un mensaje que parece responder a la guerra que libran los cárteles de la droga por su estado: “Hoy nos ponemos de acuerdo para evitar que el enemigo implique a las instituciones. No permitiremos en el estado de México a delincuentes con plaza, y vamos a extender esta política a todos los municipios de la entidad… Hoy estamos unidos para hacer frente a los enemigos del orden, la paz y la tranquilidad social”, dijo, y definió 100 acciones inmediatas que tomará su gobierno contra la inseguridad. Y es que en los últimos meses no sólo han crecido las ejecuciones y la violencia asociada al narcotráfico en la entidad. Ha habido varios hechos en torno al propio gobernador, algunos mantenidos en secrecía, que hablan del embate del crimen organizado. El mes pasado, según fuentes de inteligencia, un elemento de seguridad del gobernador fue asesinado, y en marzo, cuando volvía del DF a Toluca, el convoy que custodia a Peña Nieto fue perseguido por sujetos armados. Una de las camionetas giró en plena autopista y se quedó a enfrentar a los atacantes, mientras el vehículo donde iba el mandatario aprovechó la situación para llegar rápidamente a Toluca. Tras esos eventos, la seguridad de Peña Nieto se multiplicó y el 21 de marzo, durante la celebración del natalito de Benito Juárez, el paso del gobernador era vigilado a los lejos por francotiradores. La violencia y el descontrol en la guerra contra el narcotráfico afectan a todo el país y varios estados viven situaciones límite. Pero así como es caja de resonancia política y económica, la sucesión de hechos violentos en el estado de México cobra especial relevancia y habla del asedio del narco, que del territorio mexiquense puede fácilmente brincar a buscar el control de la capital de la República. “Si no sabe, que no hable” La expresión de molestia se escuchó en círculos militares y entre expertos en seguridad nacional, tras la declaración del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, que el jueves calificó los atentados de Morelia como “actos terroristas”. Lo primero que provocó el malestar es que el “responsable” de la gobernación en el país hiciera esta declaración hasta el jueves, más de 24 horas después de que el embajador de EU, Antonio Garza, ya había hablado de “narcoterrorismo”. ¿Tuvo primero que dictar la línea Washington para que el gobierno mexicano aceptara lo que era evidente? ¿Sabrá realmente Juan Camilo a qué se refiere cuando habla de “acciones terroristas”?, se preguntaban en los círculos referidos. Mouriño declaró eso tras una reunión con legisladores del PAN en la Cámara de Diputados, y lo que llamó la atención fue la pobreza de sus comentarios, que se limitaron a adjetivar los atentados de Morelia, sin aportar ningún elemento nuevo o información que indicara que realmente domina el tema y está al tanto de los últimos avances en las investigaciones. Sobre el origen del atentado, las líneas de investigación que se siguen tanto en el Ejército como en la PGR apuntan a dos vertientes: por un lado un pleito interno en el cártel del Golfo entre la fracción que apoya a La Familia michoacana y el grupo de Los Zetas que intentaran fracturar a ese grupo local. La otra hipótesis apunta a la guerra que libra en estos momentos La Familia con los hermanos Beltran Leyva, luego de que los michoacanos intentan arrebatarles plazas importantes del estado de México y Guerrero. Expertos en seguridad consultados afirman que los atentados pudieron ser obra de un cártel que no tiene el control de Morelia y que, con la agresión artera a la población civil, buscaba obligar a que el Ejército tome la plaza y así afectar al cártel local. Eso explicaría, a decir de esos expertos, por qué La Familia dice en mensajes por internet que hará “su propia investigación” para demostrar que ellos no arrojaron las granadas que mataron a siete personas e hirieron a más de 100. Ya se verá el avance de las investigaciones que tendrá que ser rápido y derivar en un castigo ejemplar, si no se quiere que la impunidad invite a otros grupos del narco y del crimen organizado a recurrir a tan deleznables tácticas de presión. |